La tarifa regulada o de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), implantada por el Gobierno para aquellos clientes acogidos al mercado regulado, está trayendo cola y las eléctricas continúan quejándose de su aplicación. La semana pasada señalaban la imposibilidad de tramitar los cambios solicitados con la “avalancha humana” que se estaba produciendo. Este lunes, señalan que se enfrentan a un gran riesgo debido a la volatibilidad provocada por la fijación del precio de esta tarifa.

La PVPC se encuentra ligada directamente al precio diario del mercado mayorista, el sobradamente conocido pool. Para evitar si inestabilidad, el Real Decreto ley que entrará en vigor con la llegada del nuevo año incluirá a los mercados futuros para la fijación de los precios. Así, los precios diarios marcados por el Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) supondrán un porcentaje del 45% y el de los mercados a plazo contará con un 55%. Este reparto se conseguirá de manera progresiva hasta 2025.

Las referencias de los mercados de futuros representarán el 25% en 2023, el 40% en 2024 y el 55% en 2025. Estas referencias de precios a los mercados a plazo, a su vez, estaría integrada por una cesta de indicadores con distinto horizonte temporal: el 10% correspondería al producto mensual, el 36% al producto trimestral y el 54% al producto anual. No obstante, este reparto no complace a la Aelec (asociación del sector eléctrico) ni de las cuatro comercializadoras reguladas autorizadas (COR) para suministrar estas tarifas, pertenecientes a grandes energéticas (Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies).

Las eléctricas aseguran que los porcentajes fijos suponen un riesgo de cara a comprar la energía que posteriormente comercializarán como PVPC, motivo por el cual han presentado alegaciones a la norma. “Compras a plazo predefinidas, según cantidades fijas, y no según porcentajes en los mercados a plazo y el spot”, es lo que solicitan estas compañías, preocupadas por realizar una previsión que posteriormente pueda no cumplirse, lo que les empuja a asumir un riesgo económico.

Como solución proponen que las compras a plazos tengan en cuenta la demanda de energía del año anterior y que la diferencia se compre en el spot, reconociendo este precio del mercado a las comercializadoras. Con esto, las eléctricas pretenden flexibilizar el peso porcentual del mercado diario en la definición de la tarifa, pudiendo evitar que suponga un 45%. En lo referido a mercados a futuro, las compañías temen que adquirir la energía anual en los tres meses previos, según establece el texto legal, podría encarecer el precio.

“Es necesario incrementar el plazo de las cotizaciones de los productos a plazo gestionados por el operador del mercado OMIP y ajustar los coeficientes de ponderación de modo que sean coherentes con los previstos para el Recore. Sería conveniente establecer un periodo transitorio de los productos a plazo para la energía entregada en 2023, de manera que el periodo de cotizaciones considerado comience una vez que entre en vigor el real decreto”, reflejan las alegaciones.