¿Quién se atreve de una vez por todas a abordar la reforma de las pensiones en España? Pues nadie. Los sucesivos gobiernos van colocando parches con pequeños cambios que, casi siempre, no encuentran el consenso y se convierten en un arma arrojadiza en los numerosos encuentros electorales.
El pasado año de crisis del Covid-19 cerró con un déficit de 20.000 millones de euros (diferencia entre ingresos y gastos) en la Seguridad Social que puede ser preludio de lo que sucederá en las arcas del organismo encargado de pagar las pensiones públicas si la pirámide poblacional sigue con sus inquietantes datos: en España ya nacen menos personas de las que mueren. Un dato de 2019 que se ampliará en 2020.
Los datos actuales, apuntan que hoy en día por cada pensionista hay tres personas trabajando que pagan esa pensión, pero que en el horizonte de 20 años sólo habrá 1,5 personas por cada pensionista, dado el envejecimiento de la población. Aquí, además, influye que esos trabajadores cada vez cobran menos y, por tanto, los ingresos de la Seguridad Social son menores, frente a los derechos consolidados de los que actualmente se jubilan.
Esta misma semana hemos conocido un estudio que indica que los trabajadores jóvenes cobran hoy salarios hasta el 50% inferiores a los que se percibían a su edad en 1980. Un dato que se produce no solo por la contención salarial, sino por la temporalidad de los empleos. Algo, que tiene su repercusión también en el consumo y en la adquisición de bienes como la vivienda o el automóvil.
El panorama es, ciertamente complicado. Estamos en un sistema de reparto por el que los trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados y, además, se fijan algunos sistemas complementarios como los planes de pensiones individuales y también los planes de empleo que han recibido un impulso con el actual Gobierno. Pero el cogollo de la pensión está en esa solidaridad intergeneracional. También en el aumento de la esperanza de vida, siendo España uno de los países con una mayor expectativa, lamentablemente reducida en 2020 por causa del Covid.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentó este pasado lunes una propuesta de un primer apartado de reforma de las pensiones en la que hace hincapié en incentivar el retraso de la edad de jubilación. Esta idea que lanza Escrivá está en línea de pisar callos en un tema tan delicado como la reforma de las pensiones. De una parte, propone pagar hasta 12.000 euros al año para los trabajadores con sueldos más altos que retrasen su edad de jubilación (actualmente en los 66 años) y lleven cotizados más de 44 años y, de otro, penalizar aquellos que se jubilen anticipadamente con un 5% si lo hacen un año antes de lo previsto y con hasta un 17% si deciden jubilarse dos años antes de la edad que le corresponden. Asimismo, apunta una tercera opción de incentivo que podría incluir tanto una cantidad fija anual como una revalorización de su futura pensión.
Esta idea choca de manera intuitiva con la incorporación de los jóvenes al trabajado. Líderes de la izquierda apuntan a que este retraso en la jubilación pondría trabas a la entrada de la juventud al mercado laboral, estando España de líder en paro juvenil al haber superado este año a Grecia. Una idea que, sin embargo, no comparten prestigiosos economistas como Juan Ignacio Ruiz-Conde, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que apunta a que no existe una relación directa del alargamiento laboral con la incorporación de las nuevas generaciones al mercado laboral. Argumento que apoya en la experiencia de otros países donde ni esa circunstancia ni la llegada de la emigración han supuesto traba alguna.
Además, la propuesta de Escrivá contempla una revisión de los trabajadores autónomos con hasta 13 bases que escoger de acuerdo a sus ingresos, poner fin al factor de sostenibilidad y sustituirlo por otro mecanismo, así como volver a ligar los salarios a la evolución de los precios, incluso en los años de caída del IPC con un reajuste por un periodo de tres años para mantener el poder adquisitivo y tampoco pagar de más.
La iniciativa del ministro es tibia y busca un gran consenso haciendo estos incentivos a trabajar más de forma voluntaria. Pero siguen faltando medidas más claras y contundentes para evitar ese déficit permanente que cabe espera para la Seguridad Social y que será cubierto por los Presupuestos. El objetivo es que el sistema público de pensiones sea autosuficiente y no precise de apoyos presupuestarios. Dentro de un mínimo garantizado públicamente de acuerdo con las cotizaciones, otros países como es el caso del Reino Unido han apostado firmemente por los planes de empleo con la detracción obligatoria de parte del salario a los trabajadores así como el pago de un complemento de la empresa.
Sin plantear el eterno enigma entre sistema de reparto y de capitalización (este último conoció un gran fracaso en Chile) pueden crearse fórmulas intermedias donde además de la Seguridad Social, el trabajador vaya haciendo una hucha para su jubilación que quede al margen de los ciclos de la economía y de los vaivenes políticos.
