El 24 de agosto de 2018, DIA informó a la CNMV de que cesaban a Ricardo Currás como consejero delegado de la entidad y de que él renunciaba a continuar en el consejo de administración. Ricardo Currás ponía fin a una carrera de 32 años en la empresa -con un breve paréntesis en Carrefour- y a diez como consejero delegado. En febrero de 2018 ya asomaban grandes nubarrones en el panorama, anticipando la gran crisis que quedaba por venir y que se ha desatado hoy, con la situación de quiebra y el anuncio de 2.100 despidos. Currás se fue con 2,56 millones de euros bajo el brazo: 2,15 millones al contado, más 400.000 euros en "otros conceptos", casi el doble que en 2017. En parte, debido a la indemnización por su despido: 1.648.000 euros, en principio equivalentes a dos años de sueldo, aunque su salario era de 600.000 anuales y en la indemnización las anualidades son de 824.000. En lo que se refiere a 2018, Currás obtuvo 497.000 euros por ocho meses de trabajo, 62.250 mensuales, cuando en 2017 su sueldo fijo era de 50.000 al mes. 

Cuando la empresa presentó sus resultados de 2017 empezaron a sonar las alarmas: DIA ganó un 37% menos por la caída de ventas en España, según Currás porque habían bajado tanto los precios que habían "pulverizado" los beneficios. En ese mismo momento el magnate ruso Mijail Fridman empezó su desembarco en la cadena de supermercados, adquiriendo una cuarta parte de las acciones y desatando una pugna por el control de la empresa que dura hasta hoy. Los resultados hasta marzo fueron peores aún, con una caída del 74% de sus beneficios, que hizo que en Bolsa ya se desplomara un 9%. La situación se hizo tan insostenible que la marcha de Currás se hizo entre muestras públicas de agradecimiento y acusaciones en voz baja de haber ocultado pérdidas.

El sustituto de Currás, Antonio Coto, apenas duró cinco meses: de agosto a diciembre. Y fue igualmente cesado pero habiendo cobrado menos que su predecesor (260.000 euros) y sin indemnización alguna. Ahora la investigación forense, encargada a la auditora EY, muestra indicios de fraude en las cuentas de DIA de los dos últimos años. Aunque la investigación aún no ha concluido -y no se hará pública-, según publica Cinco Días se habrían encontrado pruebas de que se ocultó de forma deliberada información sobre pérdidas al consejo, al auditor y a los accionistas, además de sobreestimar las perspectivas de la compañía que, desde el inicio de su crisis ha anunciado futuras victorias que nunca se han llegado a lograr. Hoy mismo, tras constatarse que la empresa está en quiebra técnica, DIA ha anunciado que prevé un mejora de Ebitda (beneficios antes de impuestos) a partir de 2020 y una inversión "contenida" este año en su nuevo plan de negocio. 

Ahora la empresa se plantea exigir a los dos consejeros delegados cesados que devuelvan sus retribuciones. Aunque lo cierto es que el consejo también se aumentó el sueldo mientras la crisis se agravaba. De 600.000 a 717.000 euros fijos por consejero (19,5%). Además, de 222.000 euros en "otros conceptos retributivos". Los altos directivos de la empresa también han sido mejor pagados en lo peor de la crisis; de 3,92 a 4,58 millones de euros asignados en las cuentas para sus salarios.

Mientras tanto, Fridman sigue pugnando por hacerse con la compañía, aprovechó el cese de Coto para ampliar su participación del 25% al 29%. Y la semana pasada anunció una OPA pactada en la que se ofrecía a pagar 0,67 euros por acción. Las bolsas, sin embargo, le aguaron el plan, disparando la cotización de 0,43 a 0,73 euros por título. Además, el resto de socios quieren plantar cara a la OPA y se acogen a una futura ampliación de capital en la que Morgan Stanley pondría sobre la mesa 600 millones de euros. Mientras Fridman alerta sobre el posible riesgo de disolución de la empresa si no se hace una renovación profunda de sus directivos.