Nace la Agrupación de Afectados por Volkswagen para realizar una acusación conjunta contra la multinacional automovilística. Por orden de la Audiencia Nacional, los 12 despachos que componen la agrupación son la única vía para personificarse contra Volkswagen por el fraude del motor diésel A189.
Los más de 600.000 propietarios de vehículos con motores trucados tienen derecho a una compensación económica por parte de la compañía de entre el 10% y el 20% del valor de su automóvil, según la agrupación. Estiman que las indemnizaciones pueden alcanzar los 5.000 euros.
La reclamación por parte de los afectados puede hacerse a través de la página web de la agrupación o por vía telefónica. Tras registrase, se procede a la complementación de un formulario con los datos del vehículo afectado. La agrupación trabaja a éxito, es decir, en caso de perder no habría coste alguno y en caso de lograr la correspondiente compensación económica, la agrupación se llevaría el 20%.
Según la agrupación “los daños son materiales y morales”. Acusan a Volkswagen de falsear las pruebas ya que en carretera los datos cambian. “Es el mayor fraude de la historia del automovilismo”, declaran. La rectificación promovida por la multinacional para rebajar las emisiones y ajustarse a la normativa europea generan una pérdida de prestaciones.
Los abogados, mediante el procedimiento penal, esperan realizar investigaciones y pruebas que reconozcan todos los prejuicios. La rectificación, según la agrupación, aumenta el consumo entre un 5%-15%, disminuye la potencia en el par del motor y provoca que la válvula EGR actué todo el tiempo, provocando un sobrefuncionamiento que requiere un mantenimiento especial. Volskwagen está recomprando sus vehículos a un coste mayor del mercado para paliar la pérdida de valor de sus vehículos.
“Escandaloso, inaudito, coadyuvando a Volkswagen”, así han calificado la actitud del Gobierno en el caso. El Ejecutivo no ha emitido ninguna sanción contra la multinacional por el fraude a sus clientes y envió una carta a todos los afectados recomendando que hicieran la modificación.
Este equipo multidisciplinar, integrado por abogados de diferentes ámbitos, estima que se sumen a la iniciativa 60.000 afectados. Actualmente representan a 1.500. La agrupación cree que todo se resolverá con un acuerdo negociado entre las dos partes ya que existen pruebas que certifican el fraude.
