El primer año natural de gestión pública del agua se ha acabado convirtiendo en la transformación en un sistema multiprivatizado del servicio con más de 40 contratos licitados en 2018 por un valor de 23,5 millones de euros para diferentes áreas de gestión, entre ellas alguna considerada clave para la ejecución del servicio, como el control de desbordamientos de la red de alcantarillas, reforma de infraestructuras, bombeos en la red, telelectura o servicio de atención al cliente.

Así lo denuncia un informe realizado por el Instituto Coordenadas analizando el primer año de actividad de la empresa pública de gestión del agua de Valladolid, Aquavall.

El gobierno municipal, aseguran, ha pasado de la promesa de convertir su gestión en pública, a una total falsedad en la remunicipalización que, a la hora de la verdad, se ha troceado la gestión en un sinfín de privatizaciones a pequeña escala.

Para hacerse cargo de la gestión directa del ciclo, Aquavall ha aumentado el número de proveedores y se ha producido una multiprivatización por la puerta de atrás.

El Instituto no duda en asegurar que la sustitución de la gestión indirecta del agua por el ente administrativo público se convierte en una operación perniciosa para los balances municipales y repercute negativamente en la prestación del servicio, especialmente si lo que se pretende es mantener las mismas condiciones de calidad. El proceso se traduce en un mayor gasto público por los costes indirectos.

El informe recoge que, de los 28.011.000 euros del presupuesto total de Aquavall, 11.487.738 corresponden a inversiones licitadas y, adicionalmente, en los presupuestos aparece otra partida de 2.743.278 euros que explícitamente se asignan a trabajos realizados por otras empresas o profesionales. El total de estas dos partidas asciende a 14.231.016 euros. Lo que implica el 51% del presupuesto total de Aquavall está destinado a la concesión de servicios a empresas privadas.

El informe también revela algunos aspectos especialmente llamativos, como el hecho que el 53% de las empresas contratadas por Aquavall no son vallisoletanas. De hecho, solo 3 de cada 10 empresas con mayor volumen de contratación (más de 12.000€) son de la ciudad. Esto genera una fuga de ingresos para la ciudad a nivel de impuestos muy importante, ya que las empresas contratadas pagan las tasas correspondientes en su lugar de origen. Las regiones más beneficiadas en este aspecto de la multiprivatización del servicio del agua en Valladolid han sido Madrid (24% de las empresas contratadas por Aquavall) y Cataluña (9%).

De servicio muy bien valorado al caos en la facturación

El informe también pone en evidencia los graves problemas que ha vivido la empresa pública en la gestión del día a día del servicio y la relación con los abonados. Según datos oficiales –a falta de la publicación de los datos del último trimestre-, desde la municipalización del servicio la ciudad ha vivido un promedio de 3 inundaciones por semana, es decir una docena de incidencias al mes. De hecho, en los 9 primeros meses de 2017 se registraron casi el triple de averías que en 2014. Una tendencia que ha ido al alza progresivamente en los siguientes meses. Destaca también el hecho que las roturas en cadena y las averías de doble incidencia en un solo punto se han incrementado significativamente en los últimos ocho meses.

Fin de las bonificaciones

Por otra parte, aunque congelaron la tarifa del agua para este año, el consistorio ha decidido eliminar la bonificación a los jubilados mayores de 65 años, una medida de la que se podrían haber beneficiado unos 12.000 abonados y que supondría un gasto de 150.345 euros para la EPEL. En su lugar, han implementado una nueva bonificación para familias que cobran el sueldo mínimo (538 euros mensuales), que son menos de 2.000 abonados de la ciudad, que tendrá una repercusión máxima de 56.039 euros para las arcas de Aquavall. Así pues, con este cambio prevén una afectación de recaudación potencial de 94.306 euros más de personas con menos recursos.

Quejas y problemas de previsión

Otro de los aspectos significativos recogidos por el informe del Instituto Coordenadas apunta hacia el caos de la facturación de la empresa pública. Después de miles de quejas por errores en la facturación –para el que se pedía que fueran los propios abonados quienes efectuaran las diligencias para su corrección- y de que queden pendientes 12.000 facturas por emitir, la empresa pública de gestión de agua ha invertido más de 1 millón de euros para intentar arreglar el desaguisado.

Aquavall prevé contratar este 2018 por 800.000 euros un servicio de aplicaciones informáticas nuevas. A este valor se le tiene que sumar el hecho que en 2017 ya adjudicaron 58.000 euros por el mismo concepto, que queda en evidencia que no fue realista ni efectivo. A parte, Aquavall también decidió externalizar de nuevo otro servicio, el de lectura de contadores, a una empresa valenciana por casi 227.000 euros.

A todo esto, la EPEL ya anunció que no preveía controlar electrónicamente la facturación del agua en la ciudad hasta el mes de septiembre, es decir, un año y dos meses después de iniciar la gestión municipal del servicio.