Hace a penas dos semanas se dio a conocer la Orden ministerial de Hacienda en la que se contemplaban los países y territorios, de igual manera que los regímenes fiscales perjudiciales, que contarán con la denominación de paraíso fiscal durante 2023. Aunque la lista se revisará a lo largo del año, una reducción del número de países sorprendió. Ahora se conoce que, durante la pandemia, peor momento económico en mucho tiempo, las inversiones españolas en paraísos fiscales se dispararon. Concretamente, el repunte de este tipo de flujos fue del 131% en 2020, teniendo en cuenta solo los paraísos fiscales ‘oficiales’.

De los 95,6 millones que realizaron el mismo viaje en 2019 se pasó a los 221 en 2020. De incluirse países como Luxemburgo, Países Bajos o Irlanda, países que funcionan como paraísos fiscales en la práctica, aunque no se denominen así oficialmente, la suma total tendría mucho mayor peso en los 28.592 millones de inversión extranjera bruta con destino u origen en España. Estos datos, recogidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, colocan a Luxemburgo como primer destino de estas inversiones (6.357.200 millones de euros), puesto que perdió en 2021 a manos de Reino Unido (8.083.600 millones).

Entre los territorios que sí son considerados paraísos fiscales oficialmente, destaca la progresión de las Islas Vírgenes Británicas, que percibieron el 70% de los fondos destinados a estos lugares, y la de las Bermudas, que triplicaron el montante.  No obstante, la organización Oxfam Intermón, que realiza estudios en la materia, ha advertido que la lista presentada por el Gobierno es muy escasa y no incluye a territorios que son claramente paraísos fiscales. El listado realizado por la confederación recoge territorios que considera deberían figurar como paraísos fiscales, destacando Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo o Malta.

De ser así, incluyéndose estos países, la suma en el peor año de la pandemia sería muy superior a los 221 millones. A los más de seis mil millones de Luxemburgo habría que sumar los cerca de dos mil de Países Bajos o los poco más de seiscientos de Irlanda. La suma de estos países elevaría el número hasta los nueve mil millones de euros, aproximadamente, dejando la cantidad de dinero con flujo hacia paraísos fiscales en casi el 30%. Esta práctica, no obstante, no constituye ninguna ilegalidad, pero el Estado contempla figuras de control y supervisión férreas.

En esta línea, Oxfam Intermón cuestiona que no estén presentes en la lista del Gobierno los países citados. Además, la organización también cuestiona la falta de claridad sobre los criterios para definir como tal a un territorio. De hecho, según subraya, la mayoría de los territorios incluidos en el listado propuesto son islas en medio del océano. Actores menores, dice la ONG, aunque sean en efecto paraísos fiscales. La organización denuncia que, en cualquier caso, la ausencia de estos países "implica una grave pérdida de eficacia y lastra significativamente la razón de ser de la propuesta".