La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se encuentra en plena investigación sobre el fraude en algunos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) por fuerza mayor como consecuencia del impacto del coronavirus. En cifras, son 21.068 empresas las que se encuentran bajo sospecha por posiblemente haber cometido fraude con la medida, según informa Público este miércoles.
Según estas fuentes, 666 empresas habrían cometido fraude, contratando a trabajadores ficticios para incluirlos en el ERTE de fuerza mayor, con el objetivo de cobrar la prestación por estos trabajadores de forma fraudulenta.
"La situación de estos trabajadores se ha analizado a efectos de determinar la inclusión en los expedientes de personas que no fueran trabajadores de la empresa con objeto de la percepción fraudulenta de la prestación de desempleo", según explican fuentes del Ministerio de Trabajo, aunque reconocen no haber encontrado “un número significativo de incidencias”.
Por otro lado, se ha iniciado una “actuación inspectora” con respecto a otros 20.402 procedimientos en los que también podría haber actuación fraudulenta por parte de los responsables.
Los indicios de fraude son claros y fueron detectados por la Inspección en el momento en que los listados de los ERTEs incluían trabajadores dados de alta en la empresa y contratados después del estado de alarma, en un momento caracterizado por la destrucción de empleo. Según las cifras, en las dos primeras semanas se destruyeron casi 90.000 empleos.
Consecuencias en el retraso del pago de la prestación
Estas sospechas han tenido consecuencias directas en el retraso del pago de la prestación. Aunque las empresas en duda representan el 9% del total, la Inspección de Trabajo modificó la forma de pagar la prestación y ha optado por pagar directamente las prestaciones a los trabajadores.
Esto ha supuesto un trabajo extra para el Servicio Público de Empleo (SEPE), con un fuerte crecimiento del papeleo que se ha convertido en un atasco de los pagos. Las consecuencias sobre el atasco son perfectamente conocidas por los trabajadores que aún a día de hoy no han recibido su prestación desde la declaración del estado de alarma, un 2% del total según las cifras del Gobierno.
Inspección también está investigando los abusos laborales sobre trabajadores incluidos en ERTEs, obligados a trabajar a jornada completa a pesar de tener el contrato suspendido o la jornada reducida. En este caso, la infracción supone una multa que va de los 6.251 euros a los 187.515 euros.
Según la Inspección, se ha iniciado actuación en 704 empresas después de haber recibido “denuncias o comunicaciones” sobre la "continuación de la actividad laboral en empresas a las que se les ha autorizado un ERTE con suspensión de contratos o reducción de jornada".
Asimismo, la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha “una actuación planificada a través de los cruces de datos en sus sistemas informáticos" para detectar otro tipo de fraudes relacionados con el empleo y las prestaciones sociales. Entre estos tipos de fraudes destacan la creación fraudulenta de empresas o la reactivación de empresas inactivas, así como el aumento en la base de cotización de las prestaciones para obtener mayores ingresos.