El Gobierno de España, tras un periodo de estudio y reflexión, ha dado ya por descartado su proyecto de impuesto adicional a los beneficios de la banca sobre el que manifestó su intención a principios de su mandato.
Creo que es una buena decisión como comenté en un artículo anterior: la banca no debe ser tratada en el terreno impositivo de manera diferente al resto de empresas y aún menos basándose en un argumento punitivo como es el de que devuelvan a la sociedad la ayuda recibida durante la crisis.
Los bancos que, de imponerse, soportarían este impuesto especial serían precisamente los que no solo no recibieron ningún tipo de soporte financiero del Estado sino los que ayudaron a restaurar la estabilidad del sistema y sufrieron las consecuencias de la mala gestión de otras entidades, hoy día desaparecidas o integradas
Sin embargo, la necesidad de incrementar la recaudación impositiva en la coyuntura económica en la que nos encontramos y ante la evidencia de una desaceleración económica global que nos afectará de manera directa es un hecho.
No es necesario explicar que existen opiniones contrapuestas en este tema.
La corriente de pensamiento económico que se ha venido llamando liberal o neoliberal seguidora de las teorías de la escuela austriaca o los llamados “Chicago boys” que defienden la no interferencia del Estado en la actividad económica, que el mercado se autorregula sin intervención externa, abominan cualquier actuación de éste, ya sea la de subida de impuestos o incluso la de inversión en obras públicas, no digamos ya si de lo que hablamos es de incremento del gasto social.
Es evidente que una menor presión impositiva incrementa de manera inmediata la disponibilidad líquida de particulares y empresas, según sea el caso, y produce un efecto positivo a corto plazo en el crecimiento económico. El caso más reciente lo tenemos en Estados Unidos tras la reforma fiscal de Trump que ha repercutido en la cifra de crecimiento del producto interior bruto de los últimos meses de manera notable, aunque esto no hubiese tenido el mismo resultado si la Reserva Federal no hubiese implementado durante los años anteriores, por cierto de manera magistral, una política monetaria expansionista basada en la compra de activos financieros para inyectar liquidez en el sistema, política de la que están totalmente en contra los seguidores de la economía liberal.
La diferencia es que el estímulo a la economía proporcionado por la política monetaria del banco central tiene un efecto más estructural y de largo plazo, mientras que las rebajas de impuestos no solo tiene resultados más coyunturales, sino que provocan e incentivan la desigualdad y el reparto no equitativo de la riqueza que pueda originar.
El Gobierno actual de España, con todas las limitaciones derivadas de la composición parlamentaria pero fiel a su ideología socialdemócrata, ideología dominante en Europa en los gobiernos que lograron el más alto nivel de bienestar económico de toda su historia, necesita incrementar la recaudación para implementar sus políticas económicas, pero sin excederse del límite de déficit presupuestario acordado por la Comisión Europea.
Y en el momento económico actual, no solo el de España sino el del resto del mundo, para conseguir este objetivo el gobierno tiene un solo camino que es el de la subida de impuestos.
Vamos conociendo diferentes propuestas en este sentido como el del incremento del impuesto de la renta para ingresos superiores a 150.000 euros, el ya descartado impuesto adicional a la banca y lo último es el conocido como impuesto Tobin.
El impuesto o tasa Tobin, también conocido como el impuesto Robin Hood, debe su nombre al premio nobel de Economía americano James Tobin quien en 1972 propuso gravar con un impuesto las transacciones realizadas en el mercado de divisas.
Su propuesta era la de un 0,5% sobre el nominal de la operación y el objetivo no era recaudatorio sino disuasorio, en realidad lo que pretendía era reducir el exceso de operaciones especulativas que producían distorsiones en el tipo de cambio y que dificultaban las políticas económicas diseñadas por los gobiernos.
Es importante tener en cuenta que en aquella fecha se produjo el final del Acuerdo de Bretton-Woods por el que el valor del dólar se respaldaba con las reservas de oro de Estados Unidos, una vez derogada la convertibilidad del dólar en oro por el entonces presidente Nixon se inició la libre flotación de las divisas y fue el comienzo del mercado de divisas tal y como ahora lo conocemos. La volatilidad de ese mercado incipiente fue descomunal y más adelante tuvo que ser domesticado con otras medidas y acuerdos como el del Hotel Plaza de Nueva York.
Aunque sea conocida esta tasa por la propuesta de James Tobin, la idea ya surgió en los años treinta de economistas de corte keynesiano que, estos sí, querían que tuviese funciones de recaudación gravando transacciones financieras, no solo en divisas sino también. En acciones, bonos y derivados.
En el año 2011, la Comisión Europea tomó el testigo y planteó el proyecto de imposición de una tasa sobre transacciones financieras con el acuerdo de sus principales países incluido España, no todos estaban a favor de este impuesto.
Se proyectaba recaudar un total de 35.000 millones de Europa y en España, el gobierno de entonces estimaba unos ingresos de 600 millones.
El importe, como podemos apreciar, no es significativo, pero a ello se le une la dificultad de su imposición y sus efectos negativos. Un impuesto a las operaciones de bolsa y derivados, ya que excluían las transacciones en bonos y divisas, las primeras para proteger las emisiones gubernamentales y las segundas por su gran complejidad, necesita de un acuerdo global. Es inoperativo si se implementa en un solo país dada la facilidad para poder operar en otra bolsa o un mercado organizado de otro diferente pero la posibilidad de alcanzar un acuerdo global podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es imposible. Ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Japón, ni tan siquiera todos los países europeos acordarían una medida de este tipo.
Si se implementara en nuestro país el efecto sería la disminución del volumen de transacciones en España que a su vez tendría repercusiones negativas en las empresas del sector, y si, algo se recaudaría, pero la cantidad sería absolutamente insignificante
No creo que sea una buena idea lo de la Tasa Tobin. Los tiros no deben ir por ahí.
Sin embargo, de lo que todavía no se habla es de un incremento en el impuesto de sociedades. La respuesta inmediata de los economistas de corte liberal es la de que gravar a las empresas tiene un efecto depresor en la creación de empleo.
Pero miremos los datos.
En la actualidad tanto la tasa de crecimiento del PIB como la cifra total de éste es similar a la del 2007 justo antes del comienzo de la gran crisis
Tasa de crecimiento anual PIB España
En aquel año el impuesto de sociedades se redujo desde un 35% a un 30% en comparación con el 25% actual
Impuesto de sociedades en España
Y la tasa de desempleo del 2007 era de más de 5 puntos por debajo del todavía alto 15% actual
La diferencia de recaudación, en el 2018 con el 2007, con el mismo volumen de producción interior bruta es, en números redondos, de 20.000 millones de euros menos teniendo en cuenta las estimaciones para 2018 con respecto a las del 2007, un 45,8% menos ahora.
Como decía anteriormente, los tiros no van por la Tasa Tobin, ni por impuestos adicionales a la banca ni tampoco por gravar rentas altas, aunque esta última no se debe desdeñar.
El incremento del impuesto de sociedades debería venir acompañado y amortiguado por un cambio en su aplicación. El actual impuesto de sociedades es un impuesto lineal- mismo tipo para cualquier empresa independientemente de su volumen de beneficio- debería ser convertido en un impuesto progresivo, similar al de la renta.
Las empresas con volumen de negocio y por tanto de resultados más bajos, que por otra parte son las principales creadoras de empleo en España, deberían tener un tipo impositivo inferior a la de las corporaciones de mayor envergadura a las que un incremento de un 5 o un 10% en el impuesto sobre el beneficio de su sociedad no les va a resultar plato de buen gusto, obviamente, pero en poco o en nada va a cambiar su política de empleo, solo hay que mirar los datos anteriores y aquí de lo que se trata al fin y a la postre es de que todos los españoles tengan trabajo y de que su poder adquisitivo aumente al menos hasta niveles dignos.
