Una de las razones más estudiadas sobre nuestra deficiente evolución de la productividad total de los factores está asociada a la situación y características de nuestro ecosistema empresarial. Tenemos más empresas pequeñas que nuestros socios europeos, tienen una menor productividad, son menos innovadoras e invierten menos en capital humano. Los estudios demuestran que, comparadas por tamaño, las empresas españolas son tan productivas como sus pares europeos: nuestras grandes empresas son tan productivas como las grandes empresas alemanas, nuestras empresas medianas experimentan la misma situación, y las pequeñas también. El problema surge en la composición global: si tenemos más PYMEs y microempresas que Alemania o Países Bajos, el resultado es un déficit de productividad agregada, siendo este el principal lastre para nuestra economía.
Para paliar esta situación, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española plantea una serie de reformas dirigidas a mejorar el dinamismo de nuestras empresas, incluyendo una ley de emprendimiento, la reforma del régimen concursal y una ley de crecimiento empresarial. Tres paquetes legislativos que llevan varios meses en proceso de consulta pública y que pretenden dar contenido a la estrategia España “Nación Emprendedora”, uno de los pilares del proyecto económico de la recuperación.
Apoyar a las PYME es una de las tareas fundamentales de cualquier política económica. Son, por términos generales, intensivas en empleo, y además de su desempeño económico, cumplen un papel de vertebración social y territorial difícilmente soslayable. Sin embargo, un apoyo demasiado pronunciado puede generar incentivos mantener la talla actual, dificultando las ganancias de productividad y su crecimiento a medio y largo plazo. La literatura se ha extendido en la generación de cierto efecto “frontera” en el entorno de los 50 trabajadores, que es cuando una empresa debe multiplicar sus requisitos regulatorios. Los analistas más cercanos a tesis liberalizadoras proponen que esa frontera se diluya o que se incremente, permitiendo a esas empresas eludir responsabilidades regulatorias en materia de representación sindical, igualdad entre hombres y mujeres, reserva de plazas para personas con discapacidad, o el cierre de algunas líneas de financiación. Según estos analistas, eliminar estos elementos incentivaría el crecimiento de las empresas y mejoraría la productividad a medio y largo plazo.
Otra línea de actuación señala la necesidad de mejorar las condiciones de financiación de las firmas. En España, el abuso de la financiación bancaria dificulta el crecimiento empresarial, máxime si tenemos en cuenta que la mayoría de los empresarios deben comprometer su patrimonio personal en conseguir préstamos, desincentivando de esta manera la asunción de riesgos. El recurso a avales personales ilimitados desincentiva tomar riesgos para empresarios que, bajo otras condiciones, podrían encontrar vías de expansión. La vía alternativa, el recurso al capital riesgo, está todavía lejos de extenderse en España, de manera que aunque la industria está creciendo, su foco se centra o bien en empresas con un tamaño superior, o bien en proyectos empresariales con gran capacidad de escalada de sus modelos de negocio. El sector intermedio de PYMEs poco capitalizadas y con una capacidad de crecimiento significativa, pero no explosiva, se encuentra sin muchas opciones para poder acceder a estos recursos.
La tercera línea de intervención tiene que ver con los procesos de transformación empresarial. España es un país con una inversión en inmateriales tales como el capital gerencial, el diseño o la innovación por debajo de sus socios europeos. Dado que la mayoría de la financiación requiere activos materiales -mejor si son edificios-, la inversión en inmateriales está largamente subfinanciada en nuestro país, evitando la modernización de negocios y la mejora de la productividad necesaria para fomentar el crecimiento.
En definitiva, son múltiples los factores que hacen que nuestro entramado financiero sea débil y tenga poco recorrido. Los esfuerzos de algunas comunidades autónomas para ofrecer mecanismo de capital y cuasicapital destinados al crecimiento empresarial van en la buena dirección, pero necesitamos un nuevo impulso que mejore no sólo las condiciones de acceso a la financiación, sino también las vías de crecimiento económico y mejora de la productividad.
Los recursos son escasos y merece la pena que los empleemos bien. Hacer una lluvia fina de proyectos que apoya por igual a las PYME sin pararse a analizar su potencial de crecimiento de manera individualizada no servirá para mucho. Sería mejor concentrar esfuerzos en aquellas empresas que tienen ese potencial, pero para ello sería necesario un análisis individualizado y un apoyo mentorizado para cientos de miles de empresarios que, en realidad, carecen de las capacidades para acometer estos procesos. Una estrategia cara y a medio plazo, pero que puede dar mejores resultados que algunas de las medidas que se están promoviendo, pensadas para ejecutar rápidamente los fondos europeos más que para lograr una transformación real. Una página web de una tienda puede costar unos 5.000 euros, pero instalar o modernizar herramientas más avanzadas como un ERP o un CRM puede llegar a costar cinco veces más, eso sin tener en cuenta el coste de la transformación de la cultura organizativa de las firmas. Hasta la fecha, el digital kit propuesto por el gobierno se va a centrar en la primera fase. Queda por saber si habrá apoyo para aquellas empresas que necesitan una inversión más sustantiva para respaldar sus planes de expansión. Veremos.