El Gobierno afronta el cierre de 2025 con optimismo económico, mejorando sus previsiones y las de organismos internacionales con el transcurso de los meses, y con deberes pendientes en el ámbito macro, que han sido abordados este martes durante la celebración del Consejo de Ministros. María Jesús Montero y Carlos Cuerpo, ministros de Hacienda y Economía, respectivamente, tiene trabajo para lo que queda de curso y encontrarán en la aritmética parlamentaria el principal de los escollos para sacar adelante los tan polémicos Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque llegan con el viento de cola gracias a la actualización del cuadro macroeconómico.

El PIB desborda todas las previsiones

Un año más, y ya viene siendo habitual, la economía española crecerá mucho más de lo que se esperaba meses atrás. Organismos nacionales e internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea, no han tenido por más que rectificar y sitúan ya en su totalidad el avance del Producto Interior Bruto (PIB) español en torno al 3%. El país será de nuevo el que más crezca entre los desarrollados y presentará, por primera vez en dos décadas, un déficit inferior al de vecinos como Alemania o Francia.

Este contexto ha obligado al Ejecutivo, de la mano del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a corregir el cuadro macro y mejorar las previsiones, presentadas por Cuerpo en la rueda de prensa posterior al encuentro del órgano colegiado. La estimación es que el PIB crezca un 2,9% a cierre de año, dos décimas por encima de lo que se consideraba hace tan solo dos meses, y se sostenga en el 2,2% durante 2026, porcentaje que muy posiblemente se actualice al alza con el transcurso de meses, y al 2,1% en 2027 y 2028.

“A pesar del complejo e incierto contexto y de la situación de desaceleración de nuestros principales socios de la Unión Europea (UE), España mantiene un crecimiento dinámico y resiliente gracias a un modelo de crecimiento basado en un carácter equilibrado y responsable”, ha explicado Cuerpo la actualización. Asimismo, el responsable de la cartera económica ha celebrado el “liderazgo entre las grandes economías avanzadas” que ha otorgado el FMI a España y que parece que se prolongará más allá de este año, después de vivirse por primera vez en 2024.

Senda de estabilidad y techo de gasto para los Presupuestos

Más allá del triunfalismo macroeconómico, lo cierto es que la coalición conformada en 2023 no cuenta todavía con Presupuestos, algo que quiere solventar con un nuevo intento. El horizonte no es favorable, pero el Gobierno ha dado el primer paso con la aprobación del límite de gasto no financiero, comúnmente denominado techo de gasto, y los objetivos de estabilidad y de deuda pública. Después de la reunión mantenida este lunes con las Comunidades Autónomas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a estas materias, dando el primer paso para la definición de Cuentas, pero la última palabra la tendrá los parlamentarios. Si bien el techo de gasto no debe pasar por las Cortes Generales, la senda de estabilidad para los próximos tres años (2026-2028) deberá recibir el apoyo mayoritario para que Hacienda pueda aprobar el proyecto de Presupuestos, que posteriormente sería debatido y votado. Para conseguir la aprobación, la ministra de Hacienda intenta convencer a las autonomías del PP con una atractiva propuesta.

"Cumplimos con el primer hito fundamental de cara a la aprobación de los PGE del 2026, que vamos a presentar porque van a ser buenos para el conjunto de la ciudadanía. Estamos trabajando para que sean percibidos por la mayoría de los grupos políticos como una necesidad que tenemos que trasladar para que los hogares la puedan disfrutar", ha trasladado Montero. Asimismo, ha adelantado que los Presupuestos serán "expansivos y responsables" porque "ambos calificativos no solo no son contradictorios, sino que son compatibles".

Para sacarlos adelante, la ministra ofrece a los territorios poder incurrir en un déficit del 0,1% del déficit durante los próximos tres años, lo que se traduce en casi 5.500 millones de euros que los Ejecutivos autonómicos podrían destinar a servicios públicos y otras materias que considerasen. El déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas debería establecerse en el 2,1% en 2026, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028, correspondiendo al Estado un porcentaje del 1,8%, 1,5% y 1,4% para los cursos sucesivos.

En lo referido a los objetivos de deuda, las comunidades deberían reducir su ratio hasta el 19,6% en 2026, pasando al 18,9% al año siguiente y al 18,3% en 2027. El techo de gasto autonómico, que no se vota, sería del 3,5%, 3,4% y 3,2%, respectivamente. Una oferta generosa para las autonomías del PP que, no obstante, ya fue rechaza con los mismos términos hace un año y que la vicepresidenta primera se ha empeñado en defender, acusando al PP de tumbarla únicamente para ejercer daño político a la coalición.

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