El Gobierno y las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae han alcanzado un acuerdo esta mañana para prorrogar la prestación extraordinaria por cese de actividad a los autónomos hasta el 30 de septiembre. Se trata de una ampliación de la medida diseñada por el Ejecutivo para paliar el impacto de la crisis del coronavirus en uno de los sectores de la economía más afectados por sus propias características.

El acuerdo se firmará esta tarde a las 15 horas entre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y los responsables de las asociaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae, Lorenzo Amor, Eduardo Abad y María José Landaburu.

Los autónomos reclamaban al Gobierno ampliar la duración de la prestación por cese de actividad y, además, facilitar el acceso con carácter retroactivo a los autónomos de temporada. Es decir, aquellos trabajadores por cuenta propia que solo facturan unos meses al año como es el caso de feriantes y músicos, que cuentan con su periodo de mayor o incluso única facturación en verano.

En concreto, ATA ha pedido al ministro de Seguridad Social que los autónomos que tengan restricciones de su actividad de al menos el 50% puedan mantener la prestación extraordinaria, así como aquellos que registren fuertes caídas de la facturación con respecto al año anterior o bien en el primer trimestre del año.

UPTA pedía que el cobro de un subsidio o una ayuda económica a los autónomos fijos discontinuos y de temporada que no disponen de prestación. En la misma línea, Uatae solicitaba la prórroga de la prestación extraordinaria y el acceso de los autónomos de temporada, así como corregir el criterio normativo actual para facilitar el acceso a la prestación.

Más de un millón de autónomos ya se han beneficiado de esta prestación, que conlleva la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal. La medida supone la prestación de un mínimo de 661 euros, el 70% de la base reguladora, para los autónomos que se han visto afectados por el coronavirus.

La medida beneficia a aquellos autónomos que se vieron obligados a cerrar sus negocios por el estado de alarma y las medidas de restricción, así como a aquellos que han visto caer su facturación en un 75% frente a la media mensual del semestre anterior.