El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la modificación de la tarifa regulada de la luz para impulsar su contratación y reducir la volatilidad a la que podrían estar expuestas las facturas de los hogares y micropymes españoles. El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVCP) se calculará a través de una nueva fórmula a partir del 1 de enero de 2024 en la que se incluirán referencias de los mercados a futuro. De esta manera, el Gobierno pretende desindexar las facturas de la luz de los mercados al contado y dotar de mayor estabilidad a los consumidores.

Un total de nueve millones de hogares están acogidos a esta tarifa, un millón y medio perceptores del bono social, por lo que los cambios introducidos afectarán a una gran parte de la ciudadanía española, el 34% aproximadamente. La incorporación de los mercados futuros al cálculo se hará de manera progresiva, pasando a representar el 25% en 2024, el 40% en 2025 y, finalmente, el 55% en 2026. Estas referencias, a su vez, estarán compuestas por el producto mensual, que supondrá el 10%, el producto trimestral (36%) y el producto anual, que será el que mayor peso ostente con el 54%.

De esta manera, el Gobierno da un paso hacia delante para prevenirse ante situación como la producida por la Guerra de Ucrania. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, artífice de la modificación, aseguran que, aunque el peso marginal de los combustibles fósiles va a ser decreciente, pueden producirse nuevamente fenómenos geopolíticos que detonen una nueva crisis de precios. Esta percepción, además, cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, quien ya le planteo a España y Portugal una modificación de esta índole cuando dio el visto bueno a la aplicación excepción ibérica que ha permitido a ambos países tener la luz más barata del continente.

El objetivo de la reforma, trasladan desde la cartera liderada por Teresa Ribera, es actuar sobre esa posible volatilidad, aunque no pueda controlarse los precios de los mercados más estables a futuro. No obstante, se mantendrá la misma metodología que hasta el momento, preservando la señal de precios horarios dependiente del diferencial resultante de la casación del mercado diario. Esto, aseguran desde Transición Ecológica, contribuirá a fomentar patrones de consumo eficientes para aprovechar las horas más baratas. Además, se ha introducido un componente de prima de riesgo por volumen con el fin de garantizar el equilibrio económico para las comercializadoras de referencia.

Según manda la Directiva europea sobre el mercado interior de la electricidad, esta factura solo podrán disfrutarla los hogares y las micropymes -empresas con menos de diez trabajadores y un volumen de negocios de hasta dos millones de euros-. Estos, tendrán que certificar su condición a través de una declaración responsable y deberán tener una potencia contratada menor o igual a los 10 kilovatios (kW). Así, los consumidores que no se incluyan en estos dos grupos quedarán excluidos. En esta cuestión se realizará también de forma gradual y se les podrá seguir, inicialmente, suministrando el PVPC pero con un recargo del 20%.

Se amplia el Estatuto para Electrointensivos

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la modificación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, ampliando el número de empresas que se pueden beneficiar de esa denominación. De las 612 empresas que actualmente disfrutan de este apelativo se pasará a 1.180. Este estatuto, pensado para determinadas empresas industriales con un elevado gasto en suministro eléctrico, es un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre de los costes energéticos y mejora su competitividad internacional. Ahora se amplía el catálogo y los sectores que se pueden acoger a esta figura, como las industrias extractivas y los sectores manufactureros.

Para el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, “con la modificación que aprobamos este martes del Estatuto del Consumidor Electrointensivo reforzamos la política industrial de España y mejoramos la competitividad de la gran industria, favoreciendo la inversión industrial al contar con un marco normativo que refuerza el reconocimiento a estos consumidores, con nuevos requisitos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía de acuerdo con la normativa comunitaria”.

Además, desde la cartera de Industria destacan que esta modificación viene a reforzar  a los sectores industriales que ya cuentan con una nueva convocatoria de ayudas para compensar las emisiones indirectas de CO2 dotada con 244 millones de euros, además de otros beneficios fiscales aprobados para paliar los efectos de la pandemia y de la guerra de Ucrania.