Las pensiones han sido uno de los ejes de legislatura del Gobierno. La revalorización de las prestaciones conforme a la inflación (8,5%), que los pensionistas disfrutan desde enero, y el sostenimiento del sistema han sido dos de los aspectos vitales; sin embargo, el total de recomendaciones del Pacto de Toledo asciende a 22 y engloba muchos aspectos. Este martes, el Consejo de Ministros, aceptando el mandato de la comisión pluripartidista, ha abordado y aprobado los dos que quedaban por cumplimentarse: la jubilación anticipada de las personas con discapacidad y la aproximación de la edad de jubilación legal a la edad de jubilación real.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, encargado de presentar las dos nuevas normas aprobadas, ha celebrado la buena marcha de la economía española que, según sus cálculos, permitirá acabar con el déficit del sistema en 2026. “En el año 2017, antes de llegar los Gobiernos de Sánchez, el déficit de la seguridad social era del 1,6% sobre el PIB. Desde entonces, hemos ido reduciendo sistemáticamente el déficit con medidas que refuerzan los ingresos y su sostenibilidad. Llegamos al medio punto en 2022, en 2023, con el esfuerzo de la revalorización de las pensiones, lo vamos a mantener. Y con la dinámica el déficit irá reduciendo hasta la estabilidad presupuestaria”, ha detallado.
Mejor de las condiciones para las personas con discapacidad
Una de las medidas aprobadas este martes se centra en la mejora del acceso a la jubilación anticipada a las personas con discapacidad igual o superior al 45%. El ministro ha realizado un recorrido por la legislatura y ha recordado que el Ejecutivo ya aprobó el aumento del porcentaje, del 7 al 10%, de personas con discapacidad que deben ser contratadas en las ofertas de empleo público. “Mejorar la vida de las personas con discapacidad, especialmente vulnerables”, es una de las principales pretensiones del Gobierno que ha detallado Escrivá y que, en esta norma, se fundamenta en tres aspectos.
En primer lugar, se reduce de 15 a 5 años el periodo de cotización exigido a las personas con discapacidad reconocida para acceder a la jubilación anticipada, debido a lo complicado que resulta sumar tantos años con el reconocimiento de la discapacidad. En segundo lugar, a partir de ahora se permitirá “sumar” patologías discapacitantes. Es decir, si un trabajador acredita de forma conjunta más de una dolencia que, en suma, alcancen el 45%, se entenderá que la discapacidad es mayor de dicho porcentaje.
Por último, queda suprimida la relación de patologías del articulado y se ubican en el nuevo anexo previéndose un nuevo procedimiento para su actualización más ágil que el actual. En consecuencia, será suficiente un informe médico para Acreditar que se ha padecido alguna de las patologías contempladas y su fecha de inicio o manifestación, aliviando el trámite burocrático actual que obliga a la obtención de un certificado del Imserso o del órgano autonómico competente. En suma, con esta norma se duplicará el número de personas con discapacidad igual o superior al 45% que podrán beneficiarse de la jubilación anticipada, lo que el Ministerio calcula que serán 6.000 personas en diez años.
Incentivos a la jubilación demorada
El otro componente del Pacto de Toledo al que se da cumplimiento es el acercamiento de la edad de jubilación legal a la edad de jubilación real. “Acercar la edad efectiva a la edad legal de jubilación es la medida más eficaz para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones”, ha señalado Escrivá, asegurando que “ayuda mucho al reforzamiento del sistema”. Desde 2022 se contemplan dos incentivos a cambio de alargar la jubilación: una cantidad fija por cada año de demora que se recibe en líquido en el momento de jubilación o un porcentaje de 4% adicional de pensión en su pensión.
Hasta la aprobación de la nueva norma debía elegirse una de las dos opciones, pero a partir de este momento se podrá seleccionar una opción mixta que combine ambas variables. Desde que se contemplan incentivos la edad de jubilación se ha alargado y las pensiones de jubilación demoradas se han incrementado. En 2022 estas avanzaron hasta suponer un 5,4% y en lo que va de año ese porcentaje se ha elevado ya hasta el 7,8%. De estas, una de cada dos retrasa el acceso a la jubilación un año y una de cada cuatro la demora más de tres años. En lo que va de 2023, 1.148 nuevos pensionistas han optado por percibir una cuantía única en el momento de su jubilación que compense los años de demora. Esta cuantía extraordinaria asciende de media hasta los 13.087 euros.
Según explica el Real Decreto-ley aprobado este martes, aquellos pensionistas que opten por la nueva fórmula mixta y que retrasen su jubilación entre 2 y 10 años recibirán simultáneamente un incremento de su pensión del 2% por cada año que demoren el acceso a la jubilación y un pago único equivalente a la mitad del que le correspondería si optaran por la fórmula actual del pago único. Si se ha retrasado 11 años o más, el incentivo será de un pago único aplicado a 5 años del periodo demorado y un incremento del 2% de la pensión por cada año de demora.
