El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una dotación de 360 millones de euros de los fondos europeos que ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para impulsar la conectividad, según ha asegurado Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno. Esta dotación servirá para crear un nuevo bono social de hasta 240 euros al año para que los hogares vulnerables puedan contratar Internet. El presupuesto concreto para esta acción asciende en realidad a 30 millones de euros que permitirán mejorar la conexión de banda ancha con una velocidad mínima de 30 Mbps. La ayuda será distribuida entre comunidades autónomas de acuerdo al número de familias en riesgo de pobreza y además, existirá una limitación de un bono por unidad familiar y persona.
Por otro lado, el Gobierno destinará alrededor de 100 millones de euros para reforzar la conectividad en polígonos y áreas de concentración de actividad económica y otros 80 millones de euros irán destinados a mejorar las instalaciones de telecomunicaciones de los edificios construidos antes deñ año 2000.
Nueva ley General de Telecomunicaciones
Este martes también se ha aprobado un anteproyecto definitivo de la Ley General de Telecomunicaciones que iniciará su tramitación en el Congreso de los Diputados. El objetivo es el de adaptar las tecnologías a las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas. La normativa, además, pretende ser un avance en cuanto al despliegue de obras civiles en redes de alta capacidad y en la reducción de trámites administrativos. ¿Cómo? Incentivando la inversión en redes; impulsando la coordinación entre administraciones o unificando los contratos con distintos servicios de telecomunicaciones.
Por otro lado, la ley, no obstante, se enmarca en las reformas comprometidas con la Unión Europea en el plan de reestructuración y recuperación económica presentado por España, que prevé que el 100 % de la población esté conectada a internet en 2025. En este contexto, la Ley General de Telecomunicaciones, encargada de transponer en España el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, tiene un carácter urgente y cuenta con unos tiempos que hasta ahora el Gobierno español ha incumplido en lo que respecta al calendario fijado por Bruselas.
