El Gobierno ha aprobado este martes un cheque de 90 euros por hogar para cubrir las necesidades de calefacción de los consumidores vulnerables que ya se acogen al llamado bono social térmico (BTS), incorporado en el art. 5 del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre. Así lo ha anunciado Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha detallado el nuevo decreto ley aprobado para contener los efectos que el alza de los precios energéticos está causando en consumidores y empresas.

¿En qué consiste el bono social térmico?

Se trata de un cheque adicional a las ayudas que ya reciben estos consumidores vulnerables por medio del bono social térmico, ante la subida de la electricidad y del gas que se lleva registrando desde hace meses. Ribera ha señalado que el cheque estará disponible a partir del mes de diciembre y que, a tal fin, el departamento que encabeza liberará las partidas económicas necesarias que serán distribuidas a las comunidades autónomas para el abono de esta ayuda. ¿Pero cómo se puede acceder al bono? Para beneficiarte del bono, es imprescindible, tener contratada una tarifa PVPC, es decir, del mercado regulado; una potencia igual o inferior a 10 kW en tu vivienda habitual y cumplir los requisitos para ser considerado cliente vulnerable en mayor o menor grado.

Asimismo, el Gobierno ha aumentado los descuentos que ya se aplican al bono social eléctrico y al que se acogen 1,2 millones de hogares. Los descuentos pasarán ahora del 25% al 60% de forma general y del 40% al 70% para los casos severos.

Según el Ministerio de Transición Ecológica, “antes del 15 de enero de cada año, los Comercializadores de Referencia (COR) deben remitir a la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) un listado de aquellos de sus clientes que sean beneficiarios del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del año anterior, con el fin de determinar el importe de la ayuda del BTS y proceder a su pago”. Es decir, se trata de una ayuda para las familias con menos recursos a la que pueden acceder los consumidores considerados vulnerables, vulnerables severos o aquellos que se encuentren en situación de exclusión social.

Según el Ministerio, para llevar a cabo esta iniciativa, se calcula la distribución territorial del presupuesto disponible en el ejercicio para este fin y transfiere los importes a las Administraciones competentes para su pago, junto con la información de los beneficiarios y los importes: 

  • La gestión y el pago de las ayudas corresponderá a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades con Estatuto de Autonomía.
  • Las Comunidades Autónomas y a las Ciudades con Estatuto de Autonomía deberán comunicar a los beneficiarios la información sobre la ayuda, en la forma que estimen conveniente.
  • Las Comunidades Autónomas y a las Ciudades con Estatuto de Autonomía deben realizar el pago de la ayuda a los beneficiarios de su ámbito territorial.