Las principales economías de la Unión Europea han confirmado el compromiso con el establecimiento de un impuesto a las grandes multinacionales que anunciaba Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, esta mañana. De esta manera, los cinco países le plantan cara e Viktor Orbán, presidente húngaro de extrema derecha, contrario a estos tipos impositivos.

“A medida que la inflación golpea con fuerza el poder adquisitivo de nuestros conciudadanos, las empresas deben pagar la parte que les corresponde de la carga para aliviar el impacto de la crisis energética mundial”, firman en su declaración conjunta los cinco responsables de las finanzas de Alemania, España, Francia, Italia y Países Bajos. Añaden a continuación que, debido a lo anteriormente mencionado, reafirman el “compromiso reforzado para implementar rápidamente el impuesto de sociedades mínimo efectivo global. Es una palanca clave para una mayor justicia fiscal a través de una lucha más eficiente contra la optimización y la evasión fiscal”.

Los ministros han recordado que, en el Ecofin de junio de 2022, 26 de los 27 estados miembros de la UE expresaron su voluntad de implementar este importante paso hacia la justicia fiscal. Dado que la única negativa es la de Orbán, han asegurado que “si no se alcanza la unanimidad en las próximas semanas, nuestros gobiernos están totalmente decididos a cumplir con nuestro compromiso".

"Estamos listos para implementar la tributación mínima efectiva global en 2023 y por cualquier medio legal posible”. Además, han asegurado estar comprometidos a completar el trabajo sobre una “mejor reasignación” de los derechos fiscales de las ganancias de las grandes multinacionales globales con el objetivo de firmar una convención multilateral para mediados de 2023.

Calviño lo adelantaba a su llegada a Bruselas

“Es necesario que cuanto antes tengamos un sistema común y, por lo tanto, las grandes empresas contribuyan también a financiar el impacto de la crisis en los mercados energéticos y los servicios públicos, esa red de seguridad para la población. Nosotros apoyamos cualquier propuesta que nos permita tener cuanto antes transpuestas aquellas normas y acuerdos que consiguieron el año pasado en el seno de la OCDE y del G20”, ha asegurado la ministra.

Así lo ha confirmado Calviño en su llegada a la reunión informal de los ministros de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europeo en la que, entre otras cosas, también se abordará la alta incertidumbre provocada por la crisis energética; la subida de tipos anunciada por el Banco Central Europeo (BCE) y su afectación en las empresas y la ciudadanía; el euro digital y la ayuda económica a Ucrania.