Hasta hace una década, las compañías de telecomunicaciones nos vendían móviles bloqueados para que no pudiéramos usarlos con operadoras de la competencia.

Tras las denuncias de FACUA, las autoridades de consumo acabaron determinando que se trataba de una práctica abusiva. Los principales operadores comenzaron a liberar los smartphones de sus clientes y dejaron de venderlos capados. Empezó Movistar en noviembre de 2013 y meses después le siguieron primero Orange, después Vodafone y por último Yoigo, en agosto de 2014.

Sin embargo, las autoridades de protección al consumidor no aplicaron sanciones contundentes contra las telecos por este fraude masivo, que durante muchos años les permitió retener un mercado cautivo de clientes. Usuarios que no podían beneficiarse de ofertas más económicas de otras telecos porque ello implicaba tener que comprar otro terminal.

La liberación de terminales representó el mayor logro fruto de la movilización de los consumidores en el sector de las telecomunicaciones desde que FACUA consiguiese la eliminación del redondeo al alza en la facturación de las llamadas de fijo y móvil, en los años 2006 y 2007, tras una batalla de más de tres años.

Tampoco hubo multas ejemplarizantes con ese otro fraude masivo, el del cobro del primer minuto completo de cada llamada aunque durase solo un segundo, prácticas que se extendieron en determinados momentos a las llamadas más largas, facturándose en fracciones de 30 segundos.

Solo la Comunidad de Madrid sancionó a las compañías tras las denuncias de FACUA. Pero fueron sanciones de risa: 2,9 millones de euros para Movistar, 1,4 millones para Vodafone y 960.000 euros para Orange. Gracias al cobro ilegal de segundos de conversación no consumidos por los usuarios, las compañías habían ingresado miles de millones de euros extra desde finales de los años 90 hasta marzo de 2007, fecha en que comenzaron a facturar por segundos.

Hace unos años, Vodafone decidió activar a sus clientes, sin su consentimiento previo, un servicio para prevenir el software malicioso en el móvil, denominado SecureNet. Cobra por él 1 euro al mes, así que teniendo en cuenta que actualmente está activado en 5,5 millones de líneas, el negocio le representa unos 66 millones de euros anuales en ingresos.

FACUA denunció el alta en este servicio no solicitado en diciembre de 2020 ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid. En marzo del año siguiente el organismo nos comunicó que había multado a Vodafone y que procedía al archivo del expediente. ¿De cuánto fue la multa? No nos lo quisieron contar, vete tú a saber por qué, así que presentamos una queja ante el Consejo de Transparencia.

Ahora, tras la resolución de Transparencia, nos hemos enterado de que la sanción por este negocio que reporta a Vodafone decenas de millones de euros al año se redujo a unos ridículos 32.000 euros. Igual por eso no querían que nos enterásemos.

La tibieza de las autoridades de protección a los consumidores con las grandes empresas que cometen fraudes masivos es escandalosa. Y aún más lo es que algunas pretendan ocultar las multas que aplican. De hecho, ninguna administración de consumo publica sus resoluciones sancionadoras. Ni siquiera hacen pública cada año la relación de empresas multadas y los motivos de las sanciones.

Lo que ocurrirá con las multas del Ministerio de Consumo está por ver. Este mes se cumple un año desde que asumió competencias sancionadoras y todavía no ha anunciado la apertura de un solo expediente.

Por cierto, a día de hoy, Vodafone continúa activando por defecto a sus clientes el antimalware SecureNet. Sorprendentemente, la Comunidad de Madrid no ha provocado un efecto disuasorio con su espectacular multa. Espectacularmente bochornosa.