El juez del caso Tándem ha imputado al actual jefe de auditoría interna de BBVA, Joaquín Gortari, por su posible participación en hechos que podrían ser constitutivos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, en base a los contratos de la entidad con el ex comisario José Manuel Villarejo y su sociedad Cenyt. En concreto, por el presunto espionaje al abogado Felipe Izquierdo.
Gortari es también el antiguo jefe de gabinete del ex presidente de BBVA, Francisco González, ya imputado en el caso en 2019. ElPlural.com se ha puesto en contacto con BBVA, que no hace declaraciones sobre la imputación del directivo pero asegura que, por el momento, se mantendrá en su puesto.
El juez instructor del caso en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha emitido un auto con fecha 24 de junio en el que rectifica su decisión previa de no imputar en la causa a Gortari y atiende así al recurso presentado por Izquierdo, personado en la causa como perjudicado por haber sufrido el espionaje del comisario, por órdenes de BBVA.
"A la vista del presunto carácter delictivo de los hechos que se refieren en el recurso, y ante la existencia de indicios que permiten inferir, desde la provisionalidad de este momento, la participación de Gortari, quien suscribe esta resolución considera útil y necesario su llamamiento, a fin de que pueda explicar si tuvo alguna participación en los mismos" reza el auto de García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
En este documento explica que antes no se había accedido a su imputación porque no se razonaba adecuadamente la motivación, algo que ahora sí observa en las conclusiones recogidas por el informe forensic de PwC.
Indicios en el informe forensic
Según asegura VozPópuli, este informe forensic desvela que, durante la revisión de cajas de Presidencia, se encontraron documentos que evidenciaban "averiguaciones realizadas en marzo de 2014, con el posible conocimiento de don Joaquín Gortari, sobre aspectos profesionales y personales del abogado Felipe Izquierdo, haciendo uso de información que previsiblemente provendría de fuentes cerradas y figurando un informe de inteligencia con carácter anónimo".
El pasado mes de octubre, García-Castellón pidió a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional revisar este informe interno, elaborado por la entidad en la investigación. Para ello, BBVA contrató los servicios de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC). En ese momento, la Policía se encargaría de realizar una nueva búsqueda exhaustiva entre estos documentos, algo que parece que ha dado resultado.
El juez recrimina en el auto al Ministerio Fiscal que se adhiriera a la petición del abogado afectado alegando que no era estrictamente una diligencia de prueba, sino una “imposición del sistema procesal penal”. "El sometimiento de una persona al procedimiento es un acto procesal que exige un esfuerzo por el instructor, en ningún caso puede resultar de una mera imposición legal, pues ello supondría someter al proceso penal a un principio inquisitivo incompatible con nuestro sistema de garantías constitucionales", asegura García-Castellón.
El juez recalca en los razonamientos jurídicos que en el recurso presentado por Izquierdo contra esa primera decisión "se exponen los motivos que justifican la citación como investigado del mismo" y acuerda la comparecencia del jefe de gabinete del ex presidente de la entidad.
Desestimar la fianza de más de 2 millones de euros
Por otro lado, García-Castellón se ha alineado con la Fiscalía al entender que tendrá que volver a desestimar la fianza de más de 2 millones de euros que pedía Izquierdo. El abogado quería que respondieran por esta cantidad tanto Gortari como el ex presidente, Francisco González, y la propia entidad, con el objetivo de asegurar las responsabilidades pecunarias derivadas de los hechos presuntamente delictivos.
El abogado pedía la imputación de Gortari con alegaciones como que la entidad bancaria dio órdenes de espiarle con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales, por orden de González y del ex jefe de gabinete, ahora investigado. El siguiente paso en el caso es que el juez fije una fecha para la declaración de Gortari.
Esta nueva imputación se produce en paralelo a la petición de Francisco González de seguir investigando estos hechos, donde él ya figura como imputado desde 2019, y ha pedido ampliar el proceso al menos seis meses más. El ex presidente de BBVA alega que todavía quedan pruebas determinantes que podrían implicar un cambio de rumbo en la causa.
El pasado mes de abril, hace apenas dos meses, varios testigos del caso como Miguel Sebastián, Luis del Rivero (ex presidente de Sacyr Vallehermoso) o Carlos Arenillas (ex vicepresidente de la CNMV) declararon en la pieza del caso Tándem contra González, donde se constató la existencia de escuchas ilícitas y prácticas de persecución y hostigamiento en los informes emitidos para el BBVA, por encargo del ex presidente.
