Esta semana, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha celebrado una intensa ronda de declaraciones en el marco de la pieza separada 9 de caso 'Tándem', que investiga los encargos que hizo el BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El juez tomó declaración como investigado al ex jefe de la Sección Operativa en la Comisaría General de Información (CGI), el comisario Costancio Riaño; y escuchó como testigo al exministro Miguel Sebastián, al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero y otros testigos perjudicados del espionaje que llevó a cabo el excomisario corrupto para boicotear el intento de Sacyr de entrar en el consejo de administración del banco: José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito Francés (exdirectivos de la entidad) y Carlos Arenillas (exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores).

La declaración de las personas a las que Villarejo denominó en sus informes para el BBVA “grupo hostil” (del Rivero, Ampuero, Arenillas, Benedicto y Miguel Sebastián), ha resultado sumamente esclarecedora.

En primer lugar, porque quedó acreditado que se trataba de una operación estrictamente empresarial y alejada de toda interferencia política, en la que su principal promotor (Sacyr) se limitó a informar de su intención al Partido Popular -a través de José María Aznar, que acaba de perder la presidencia del Gobierno-, así como al nuevo gobierno socialista -a través del entonces director de la oficina económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián-.

En segundo lugar, y como consecuencia del interrogatorio practicado, se constató inequívocamente la existencia de las escuchas ilícitas (los números de teléfonos de los interrogados y las transcripción de conversaciones figuraban en los informes de la empresa de Villarejo (Cenyt). Prácticas de persecución y hostigamiento que quedaron plasmadas en los informes emitidos para el BBVA por encargo de su presidente, Francisco González.

Todos los declarantes expusieron ante el juez situaciones vividas de seguimiento y vigilancia llevadas a cabo con el fin de amedrentarlos y desacreditarlos personal y profesionalmente. Y como parte de esa acción de acoso, desacreditación y espionaje de la vida privada, también se puso de manifiesto que en aquel momento (finales del 2004, primeros meses del 2005), se desplegó una durísima campaña de comunicación, orquestada por Francisco González y Villarejo con el propósito de hacer fracasar cualquier intento de cambio en la dirección del banco.

Quizá la mejor expresión de esa injerencia en la privacidad de esas personas y las campañas de difamación entonces emprendidas contra ellas, sea lo declarado por Miguel Sebastián, quien llegó a afirmar que siendo reprobable la homofobia, ésta obedece a motivos ideológicos, mientras que la conducta es, si cabe, más deplorable cuando, como ocurrió en su caso, se atenta contra la libertad sexual de las personas por dinero o porque existe un interés personal en mantenerse al frente de una organización.

Todos los testimonios reforzaron la idea de que nos encontramos ante una de los casos de corrupción policial y abuso de poder más graves de la democracia española. Y es que Francisco González autorizó pagos a la organización de Villarejo por más de diez millones de euros (incluido el pago de una prima de éxito) pertenecientes a los accionistas con el fin de asegurarse, a toda costa y por encima de cualquier ética, su permanencia en el cargo. Más que de “asalto al BBVA”, tendríamos que hablar de un BBVA asaltado por quien fue su presidente.