El Gobierno y los fondos acreedores de Celsa han alcanzado finalmente un acuerdo para la toma de control de la compañía. Liderados por Deutsche Bank, los fondos propietarios de la deuda de Celsa se quedarán con el control de la compañía de forma inmediata, después de meses de negociaciones. Y lo harán mediante un Memorando de Entendimiento (MOU) con el Gobierno durante, al menos, los próximos cinco años.

Celsa inaugura la nueva Ley Concursal aprobada por el Gobierno que, en este caso, da el control a los fondos acreedores por poder asegurar la viabilidad de la siderúrgica. La otra posibilidad es que la compañía continuara bajo el mando de la familia Rubiralta, fundadora de la compañía en 1967. La Ley Concursal entró en vigor en septiembre de 2022, tras su aprobación en Consejo de Ministros, y desde los fondos propietarios de la deuda de Celsa no tardaron en acogerse a la nueva realidad legislativa.

El acuerdo ratificado entre el Ejecutivo y los fondos de inversión en las últimas horas implica tres condiciones claves: mantener el carácter español de Celsa, con un presidente -Rafael Villaseca- y una mayoría de españoles en el consejo de administración; la obligación de mantener ciertas reglas de gobierno corporativo con la necesidad de obtener mayorías para tomar según que decisiones y, finalmente, el mantenimiento de la plantilla de la empresa. En caso de ejecutar futuros despidos, la dirección tendrá que contar con el visto bueno del Gobierno y el propio consejo de administración de la nueva Celsa.

Los fondos presentaron un plan de reestructuración hace un año

Hace casi un año, los fondos acreedores del grupo presentaron un plan de reestructuración de la compañía ante lo que consideraban una falta de viabilidad por parte de la familia fundadora y propietaria de Celsa. El plan nació entre los fondos, con Deutsche Bank a la cabeza, con el objetivo de reducir la deuda de la compañía en 1.291 millones de euros mientras, en paralelo, se quedaba con el 100% del control de la compañía. Así lo ratificaban públicamente desde el grupo de fondos de inversión.

El plan presentado por los fondos acreedores de Celsa pretende transformar el préstamo convertible de 1.291 millones de euros de deuda en acciones, a través de la capitalización de la deuda convertible y con parte de la deuda jumbo, para extender después los vencimientos del resto de la deuda durante cinco años. Los acreedores han defendido en todo momento su compromiso para mantener el centro de operaciones de la empresa en España, así como asegurar el empleo de todo el grupo.

Además, desde el grupo liderado por Deutsche Bank han lamentado que esta propuesta llegue en un contexto en el que la empresa no ha realizado ningún "intento razonable de llegar a un acuerdo comercialmente aceptable" con ellos. No obstante, los fondos se han mantenido abiertos a negociaciones con los Rubiralta hasta ahora, cuando finalmente el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los fondos acreedores para asegurar el futuro y la viabilidad de la compañía catalana.

La justicia da el visto bueno a los fondos

Un año después, a primeros de septiembre se conocía públicamente el visto bueno de la justicia española al plan de reestructuración presentado por los fondos, abiertos a hacerse responsables del 100% de la deuda de Celsa. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado el visto bueno a la homologación del plan propuesto por los fondos, lo que les convierte directamente en accionistas de la empresa en sustitución de la familia Rubiralta, fundadora del grupo siderúrgico y hasta ahora propietaria de la compañía.

La justicia catalana ha dictado sentencia a favor de los fondos de inversión que han diseñado el plan de reestructuración de Celsa en los últimos meses, entre los que se encuentran Houlihan Lokey, SPV, Cross Ocean, Sculptor, Golden Tree, Capital Group, Attestor o Deutsche Bank entre los principales acreedores de la siderúrgica. La sentencia emitida por TSJC a primeros de septiembre supone un cambio en el control de Celsa, ya en manos de la larga lista de acreedores encabezada por Deutsche Bank.

El juez ha dado el ok al plan propuesto por estos fondos en su resolución, "al entender que este reúne todos los requisitos legales dado que el importe de la deuda es muy superior al valor de la compañía y que, con la propuesta de los acreedores se asegura la viabilidad del Grupo Celsa". Una decisión tomada, según la justificación, en base a motivos de rentabilidad con el objetivo de reducir la deuda del grupo siderúrgico líder en España.

La sentencia se ha conocido a primeros de septiembre tras meses de incertidumbre y rumores sobre el futuro de la siderúrgica. En el mes de julio, hace apenas tres meses, se celebró un juicio de oposición a la homologación de dicho plan de reestructuración por parte de la familia Rubiralta, propietaria y accionista de Celsa en el que defendieron la solvencia de la compañía familiar. No obstante, el juez ha entendido como mejor opción de futuro el plan presentado por los fondos para salvaguardar el futuro de Celsa. Y ahora el Gobierno ha dado un paso más con el acuerdo que permite cambiar el control de la compañía.

Los fondos pretenden reducir la deuda de Celsa

Los fondos, con Deutsche Bank a la cabeza, disfrutan ya de la totalidad del capital de la compañía "mediante la capitalización de 1.352 millones de euros de deuda convertible y parte de la deuda jumbo y la extensión en cinco años de los vencimientos de la deuda restante". Una justificación, de nuevo, motivada por el objetivo de reducir la deuda financiera del grupo de la familia Rubiralta. Para los nuevos propietarios, el plan "reduce los niveles de endeudamiento por debajo de los propuestos anteriormente por la empresa", lo que permitirá situarse en una posición solvente. Y es que el grupo tendría, a día de hoy, alrededor de 2.400 millones de euros pendientes de pago en créditos financieros, según fuentes conocedoras de la situación.

Los fondos celebran que Celsa está ya en manos de “instituciones financieras de prestigio internacional con acceso a capital, una amplia experiencia de gestión en empresas europeas y un horizonte de inversión a largo plazo". Asimismo, en los últimos meses han reiterado su compromiso para mantener la plantilla. Este compromiso es, según los fondos, uno de los grandes pasos en el camino hacia la nueva Celsa, que se abre a trabajar “con todas las partes interesadas para implementar el plan con la máxima celeridad y asegurar el empleo”. En cuanto a los puestos directivos, los fondos han nombrado a Rafael Villaseca como presidente del consejo de administración en sustitución de Francesc Rubiralta, heredero de la familia fundadora.