Celsa ha sido una de las primeras empresas en estrenar la nueva ley concursal -ha entrado en vigor este lunes- con la presentación de un plan de reestructuración por parte del grupo de acreedores de la compañía. El plan pasa por reducir la deuda de la compañía en 1.291 millones de euros y quedarse con el 100% del grupo, que a día de hoy, cuenta con una deuda total de alrededor de 2.800 millones de euros, según un comunicado difundido este lunes.
El plan de los acreedores de Celsa se centra en transformar el préstamo convertible de 1.291 millones de euros de deuda en acciones, a través de la capitalización de la deuda convertible y con parte de la deuda jumbo, para extender después los vencimientos del resto de la deuda durante cinco años.
Los acreedores de Celsa defienden su compromiso para mantener el centro de operaciones de la empresa en España, así como asegurar el empleo de todo el grupo. En esta línea, lamentan que la propuesta del plan llegue en un contexto en el que la empresa no ha realizado ningún "intento razonable de llegar a un acuerdo comercialmente aceptable" con ellos.
Celsa defiende que la negociación sigue abierta
En el lado opuesto, fuentes de Celsa explican que los acreedores han recurrido a esta acción para aumentar su incidencia en la negociación que mantienen actualmente con la empresa. Una negociación que aseguran “sigue viva” para reducir la deuda y en la que se han presentado propuestas viables para el futuro de la compañía. Fuentes de Celsa aseguran a ElPlural.com que la negociación con los acreedores se mantiene abierta.
La empresa continúa con su apuesta para alcanzar un acuerdo para reducir su deuda y poder acceder así a los 550 millones de euros que recibió de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por considerarse una empresa estratégica, lo que evitaría la necesidad de que los fondos se queden con la compañía, tal y como ha podido conocer este medio.
De hecho, Celsa se ha pronunciado este martes asegurando que “no resultaría compresible” que el grupo de acreedores rechazara la ayuda pública de 550 millones que ofrece la SEPI tras conocer el plan de reestructuración presentado por el grupo de acreedores ante los juzgados de Barcelona, un plan que la compañía asegura no haber recibido y que está a la espera de conocer los próximos pasos. Así, defiende que continuará negociando con la otra parte para alcanzar “acuerdos beneficios para todas las partes” en breve.
