La Fiscalía Anticorrupción aboga por mantener imputado al ex presidente de BBVA Francisco González por un presunto delito de administración desleal en el marco del caso 'Tándem'. El juez considera que las gestiones con recursos de la entidad para obtener información sobre una finca en la que estaba interesado en comprar podrían ser causa de confusión entre sus cuestiones personales y las del banco.

En un escrito del 4 de octubre, avanzado por La Información, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro se oponían al recurso de apelación formulado por González contra la decisión del juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de sumar el de administración desleal a los delitos de cohecho y revelación de secretos por los que ya estaba investigado en esta pieza separada del caso. Por ello, fue anticorrupción quien alentó la imputación indicando que González habría empleado recursos del banco para su “uso personal”. De hecho, según el relato de la Fiscalía, habría pedido a su entonces jefe de Gabinete, Joaquín Gortari, información registral sobre la finca en la que estaba interesado.

El ex presidente de BBVA ha combatido esta última imputación en un recurso de reforma donde ha alegado que las gestiones que pidió realizar a Gortari en relación con dicha finca "se justifican en la salvaguarda del buen nombre de la entidad”. Por su parte, los fiscales piden a la Sala de lo Penal que mantenga imputado a González por administración desleal esgrimiendo que "existiría una total confusión entre la persona jurídica, su patrimonio y sus recursos, y la figura de su presidente".

BBVA podría haber pagado a Villarejo más de 10 millones de euros por diferentes proyectos entre 2004 y 2017

 

Según los fiscales: "Lógicamente, la operación de la finca, o decir a un empleado de la entidad que haga una gestión sencilla, podrá ser considerado baladí por su presidente, pero lo que pone de manifiesto es que no respeta la distinción entre objetivos de la entidad que preside y los suyos personales”. Serrano y Cabaleiro subrayan que "la cuestión en un delito de administración es cualitativa de tal forma que los directivos de una persona jurídica, así como el presidente de la misma, gestionen la entidad en beneficio de los accionistas”.

Trámite procesal

Anticorrupción hace hincapié en uno de los argumentos aducidos por González en sus escritos para descartar que, el hecho de que el presunto perjudicado por estas acciones, BBVA, no haya denunciado los hechos haga imposible perseguir este delito de administración desleal. Además, señala que, debía hacer esas averiguaciones para evitar que el banco se viera salpicado por una compra privada si resultaba conflictiva: "Se está asumiendo que la conducta privada del presidente de la entidad puede perjudicar a la entidad, y recordemos que la entidad es una de los primeros bancos de nuestro país, con lo cual, si perjudica a ésta, perjudica no solo a sus accionistas, sino también a economía nacional" señala Anticorrupción.

El Ministerio Público ancla esta imputación en el segundo apartado del artículo 296 del Código Penal por lo que se podrá prescindir de la denuncia del perjudicado “cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas”. Por su parte, los fiscales han recordado que "hay accionistas personados que igualmente han asumido la denuncia de los hechos, así como la propia entidad BBVA que fue la que los puso en conocimiento del juzgado, a través de los informes forenses por la misma acordados, encargados, determinados y presentados".

En el contexto Tándem

Serrano y Cabaleiro enfatizan que "la administración desleal es una tipificación jurídica a unos hechos que no se circunscriben -como erróneamente sostiene la defensa- a una actuación puntual en relación con una finca. Tal hecho comprende un presunto delito de administración desleal, pero no sería el único”.

Es decir, lo que se está investigando es que el presidente del BBVA, pues lo que se está investigando es que el presidente de una de las principales entidades financieras de nuestro país utilizó recursos del banco para, presuntamente, a través de un policía en activo cometer hechos delictivos, parte y supuestamente en interés del banco y parte, y supuestamente, en interés directo del propio presidente tal y como recalcan. En la pieza 9, García-Castellón indaga en los trabajos que BBVA encargó a las empresas del entonces comisario José Manuel Villarejo para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Servicios por los que el banco habría pagado al  policía jubilado más de 10 millones de euros.