Las relaciones del excomisario Villarejo con personalidades políticas y empresariales son noticia desde más de un año. Ahora, son Repsol y CaixaBank las empresas que están bajo la lupa de la Audiencia Nacional en el caso Villarejo, por la presunta contratación del excomisario para eliminar de la presidencia de Sacyr Vallehermoso a Luis de Rivero en 2011, según avanza este lunes El Mundo.

ElPlural.com se ha puesto en contacto tanto con Repsol como con CaixaBank, que no hacen declaraciones. 

Así, Manuel García Castellón, juez encargado del caso, junto con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, sospechan que los servicios encargados al excomisario por estas compañías, servicios ilegales, tenían como objetivo proteger los intereses en la pugna entre accionistas de referencia.

Anticorrupción ha dado un impulso a la investigación en los últimos días y ha solicitado al juez instructor que tome declaración como imputados al excomisario Rafael Araujo, también ex director de Seguridad Corporativa de Repsol, y al comisario jubilado Miguel Ángel Fernández Rancaño, jefe de Seguridad de CaixaBank hasta el año pasado.

"Papel activo" de sus ex jefes de Seguridad

Además, la Fiscalía también ha pedido que declaren el propio Villarejo, actualmente en la cárcel, y su socio Rafael Redondo, líderes del caso Tándem. La Audiencia Nacional, según el medio, acredita que Repsol y CaixaBank eran clientes del grupo Cenyt, liderado por Villarejo, y que la relación se mantenía a través de sus directores de Seguridad, con un “papel activo”, según las fuentes.

El encargo se produciría tras detectar Repsol una estrategia por parte del presidente de Sacyr para asociarse con la petrolera Petróleos Mexicanos (PEMEX), para hacerse casi con un tercio del total de la participación de Repsol y, en último término, hacerse con el control de la petrolera española. Así, Repsol, con ayuda de CaixaBank, paralizó de manera temporal el plan del presidente, retirándolo incluso de la presidencia de Sacyr.

Además, mediante el proyecto Wine, se consiguió apartar también al hijo de Del Rivero y a Rodrigo Álvarez, encargado de la seguridad de la constructora. Dicho proyecto se desarrolló entre finales de 2011 y principios de 2012, con Villarejo todavía en activo en la Policía Nacional.

El sumario desvela que tanto Luis del Rivero como su esposa, Natividad Martínez; el encargado de la seguridad de la compañía, Rodrigo Álvarez, o Fernando Ramírez, antiguo director financiero de Repsol YPF fueron espiados por Villarejo. En la pieza número 21 del caso se estudian, por tanto, delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos y aparece como perjudicado el propio Luis del Rivero, según El Mundo.