El precio de la luz no ha dejado de subir en los últimos días y ya alcanza los 94,99 euros el megavatio hora. Ante esto, el Gobierno ha anunciado una investigación sobre esta subida para comprobar qué el sistema está funcionando correctamente.

La situación recuerda tímidamente al primer caso penal que el Gobierno interpuso contra una empresa en 2013 por presuntamente haber inflado el coste de la electricidad, después de que llegara a los 112 euros por MWh. En ese momento, Iberdrola estaba en el punto de mira por una supuesta alteración del mercado que habría provocado un incremento automático en la factura de la luz.

Tal y como informa El Confidencial, el ex ministro de Industria del Partido Popular, José Manuel Soria, declaró como testigo en este caso el pasado 4 de diciembre ante la Fiscalía, reafirmándose en la “manipulación” de Iberdrola al subir el precio de la luz. Además de la empresa, otros cuatro directivos están imputados en el caso. ElPlural.com se ha puesto en contacto con Iberdrola, que prefiere no hacer declaraciones al respecto.

El Ministerio Público y el resto de las acusaciones coinciden en que la eléctrica recortó a propósito la producción hidráulica de sus embalses en las semanas previas a la subasta que se celebró el 19 de diciembre, con el objetivo de que se conectaran al sistema otras fuentes de energía más caras como son el carbón y las plantas de ciclo combinado, según explica El Confidencial.

Incluso los peritos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) designados por el juez Ismael Moreno demostraron el cierre artificial de los embalses, concluyendo que el movimiento ocasionó que la subasta terminara con una subida del precio de la luz del 26,5% para el primer trimestre de 2014. Esto habría desencadenado un aumento del 10,5% en el coste para los consumidores.

El Gobierno encargó un informe a la CNMC

El Gobierno de Mariano Rajoy optó en ese momento por suspender la subasta y recurrir a la CNMC para elaborar un primer informe sobre el aumento desorbitado del precio. Además, el exministro Soria defendió públicamente que se habría producido una “manipulación” de la subasta eléctrica.

Una declaración que ha repetido ahora ante el fiscal del caso, Antonio Romeral. Soria ha asegurado que, desde el primer momento, el Ministerio de Industria tuvo la convicción de irregularidades en el proceso. “Cuando en el mes de diciembre se produjo aquella subasta, en el Gobierno tuvimos una sensación de extraordinaria sorpresa por el resultado que había arrojado (…) Al Gobierno le sorprendió el resultado de la subasta extraordinariamente”, declaraba el exministro.

“A partir del momento que supimos el resultado de la subasta, se puso en marcha toda la maquinaria de la Secretaría de Estado de Energía para ver qué había ocurrido. Esto es muy raro. Esto es muy raro. Y le pedimos a la CNMC que suspendiera la subasta. Algo ha pasado. Tiene que investigar. Estuvimos todo el día y toda la noche. Todo el equipo. Yo también, intentando ver primero qué había pasado y si se anulaba la subasta”, explicaba.  

“Al día siguiente”, continuaba Soria, “ya dijo la CNMC que habían concurrido algunas circunstancias especiales o anomalías y entonces, efectivamente, vimos que iba en la línea de lo que pensábamos que había ocurrido. Que había algo raro”. Con estas palabras, el exministro se refería a la manipulación en la subasta en la que Iberdrola habría tenido un papel decisivo al generar menos energía hidráulica, según explica El Confidencial, de la que estaba inicialmente prevista.

Comprobación de funcionarios y de la Guardia Civil

Además, el ministro ha asegurado que, más allá del informe preliminar de la CNMC, “los propios funcionarios de la Secretaría de Estado de Energía comprobaron la evolución de los precios mayoristas durante las semanas inmediatamente anteriores a la subasta y el hecho de que no se generaba la energía eléctrica hidráulica acorde que había”.

El fiscal preguntó al exministro Soria si la subida del precio en la subasta de diciembre de 2013 tenía algo que ver con el enfrentamiento del Gobierno con las eléctricas, que en ese momento mantenían una negociación por la reforma de la ley del sector. Ante esto, el exministro admitió, entre líneas, que el enfrentamiento fue una de las razones de fondo para esta subida, según el medio citado.

“Yo con Ignacio Sánchez Galán, personalmente, no tenía ningún enfrentamiento. La relación con el sector eléctrico, con todo el sector eléctrico, era una relación difícil. Porque uno de los principales problemas estructurales que tenía la economía española en aquel momento y que venía arrastrando desde principios de siglo era el déficit tarifario”, aseguraba el exdirigente popular.

Soria volvió a ser cuestionado por las complicadas relaciones con las eléctricas, a lo que respondió: “Eran continuas las reuniones con el sector. Una vez, era con los presidentes a título individual. Otra vez, con todos ellos juntos. Otra vez, con Unesa, la patronal. Había un malestar en el sector por la reforma que estaba realizando el Gobierno”.

Sanción de 25 millones a Iberdrola dos años después

“El convencimiento que había dentro del ministerio, particularmente en la Secretaría de Estado de Energía, es que había habido una manipulación en la subasta”, afirmó el exministro ante los abogados de la defensa, que recordó la sanción de 25 millones de euros a Iberdrola por una infracción grave dos años después.

Según la información disponible, más de una decena de comercializadoras están personadas como acusación en el caso y reclaman a la compañía daños superiores a los 40 millones de euros por la presunta manipulación del mercado eléctrico.

El Confidencial también asegura que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluyó que Iberdrola tenía más energía hidráulica programada de la que terminó sirviendo en las fechas clave de la subasta, después de tomar declaración a varios directivos de la cotizada y analizar sus comunicaciones internas.

Incluso la propia Iberdrola reconoció, según este medio, que tomaba decisiones de precios a través de órdenes verbales en reuniones en las que ni siquiera se levantaba el acta. Es más, no tenían establecido el mecanismo a seguir ni quiénes tenían que participar en él para acordar el importe de su oferta.