El Gobierno continúa centrado en el desarrollo de políticas públicas en materia energética y de transición ecológica basadas en dos vías de actuación: la protección de los consumidores y la definición del camino a seguir por las empresas. Así ha quedado constatado tras la aprobación del nuevo Real Decreto ley, que contempla medidas sociales destinadas a salvaguardar el acceso a la energía de los hogares (bono de justicia eléctrica o nueva TUR a calderas comunitarias) y un marco normativo que afecta a las compañías de cara a este mercado.

Con respecto a este segundo aspecto, el Ejecutivo plantea ahora una delimitación de los consumidores que pueden acogerse a las tarifas reguladas, es decir, al precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). Si bien es cierto que el groso de los consumidores acogidos a estas tarifas está compuesto por hogares y microempresas, de menos de diez trabajadores o con una facturación inferior a los dos millones de euros, desde el Ministerio de Transición Ecológica también se ha detectado un número reducido de empresas acogidas a la PVPC, que ya no podrán hacerlo a partir de 2024.

El borrador del Gobierno contempla que, “de forma transitoria, todas las empresas continuarán con su suministro a PVPC, hasta el momento de renovación de su contrato en el que tendrán que acreditar la condición de microempresa”. Se remiten así a la directiva europea de 2014 que establece la obligatoriedad de liberal el mercado eléctrico posibilitando, únicamente, “intervenciones públicas en la fijación del precio para el suministro de electricidad a los clientes domésticos y a las microempresas”.

Actualmente, los únicos requisitos exigidos para poder acogerse a la tarifa regulada es contar con un suministro cuya potencia contratada no supere los 10 kilovatios. Es por ello que, a partir de 2024, el Ejecutivo plantea que tan solo puedan acceder a la PVPC los hogares y las microempresas, lo que excluirá a grandes y a pequeñas y medianas empresas (pymes). La nueva batería de medidas presentada este miércoles por Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras el Consejo de Ministros, así lo contempla.

La conformación del PVPC está vinculada al mercado mayorista diario, por lo que ha visto rebajado su precio gracias a la excepción ibérica. Para contribuir a la estabilidad, la normal diseñada por Transición Ecológica pretende dotar de mayor peso a los mercados futuros en la formación del PVPC, evitando su elevada volatilidad.

No obstante, este miércoles los consumidores de la tarifa regulada abonarán los precios de la energía más bajos desde octubre de 2021. Esto, como ha explicado Teresa Ribera, se ha producido por una caída de grandes magnitudes del precio del gas a consecuencia del llenado completo de las reservas españolas. La también vicepresidenta ha reconocido que incluso se están liberando pequeñas dosis de este combustible para posibilitar que las nuevas llegadas vía marítima pueden almacenarse en las regasificadoras, lo que está desplomando el precio. "Tenemos garantizado el suministro de gas y el abastecimiento", ha concluido.