Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), considera “un auténtico error” la reforma fiscal anunciada por el Gobierno que grava a los más ricos de este país, fortunas de más de tres millones y grandes compañías, y alivia la presión fiscal de los trabajadores que peor lo pasan, aquellos que cobran menos de 21.000 euros al año.
El líder de los empresarios, que ya se posicionó en contra del tope a los precios y de subir los salarios teniendo en cuenta la inflación, carga ahora contra el paquete de medidas anunciado por el Gobierno, que pretende auxiliar a las clases medias y trabajadoras pidiéndole una aportación extraordinaria los que más tienen, combatiendo a la vez el dumping fiscal fomentado por los gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP).
En la misma línea, Foment del Treball, la patronal catalana presidida por Josep Sánchez Llibre, ha tildado el impuesto de solidaridad a las grandes rentas de “inmoral, populista y demagógico”. De hecho, van más allá y aseguran que todo el paquete fiscal aprobado por el Gobierno se ha llevado a cabo "desde un debate ideológico y no desde una perspectiva de política fiscal". De esta manera, la patronal catalana, emulando a otras voces de autoridad, intenta desideologizar una cuestión tan política como los impuestos.
Por su parte, el presidente de la CEOE, no considera estos debates y medidas oportunas, asegurando, de igual manera los empresarios catalanes, que es inscriben en un “debate electoral”. De hecho, el líder de los empresarios asegura que la bajada de impuestos a las rentas más bajas y la subida de tipos impositivos a los más ricos es “un debate paralelo diferente al que está habiendo en la calle”.
Libertad de competencia entre Administraciones Públicas
Por otro lado, Garamendi ha defendido que cada Comunidad Autónoma haga lo que considere oportuno en “la pequeña parte” fiscal que decide, aunque esto suponga una competencia a la baja, desmedida e insolidaria. Así, el empresario mantiene su línea discursiva, que equipara empresas con Administraciones Públicas, y ve positivo que los territorios compitan entre sí para atraer grandes fortunas, aun a costa de una menor recaudación para los servicios públicos. “Y si hay unas capacidades en las comunidades autónomas para poder competir, ¿por qué no?", señalaba el pasado martes.
La organización empresarial catalana coincide con la CEOE, patronal en la que se incluye, y acusa al Gobierno de realizar una “recentralización que va contra la capacidad normativa de las comunidades sobre los impuestos cedidos". Ha elevado el grado de gravedad, incluso, al señalar que albergan una gran preocupación por si el impuesto a los más ricos hace "mucho daño a España sin obtener ningún beneficio".
Nuevo paquete de medidas fiscales
María Jesús Motero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha desvelado el conjunto de medidas con el que se gravará a las grandes fortunas. El paquete fiscal prevé recaudar un total de 3.140 millones de euros de los más ricos, incluyendo, a su vez, rebajas para las rentas más bajas.
En lo referido a recaudación procedente de los más ricos, contará con un impuesto temporal de solidaridad destinado a grandes fortunas con riquezas netas superiores a los tres millones de euros, que tendrá vigencia durante los años 2023 y 2024. Según los datos con los que cuenta el Ministerio, tan solo afectará a 23.000 contribuyentes, que son tan solo el 0,1% del total.
Además, se producirá también un incremento del tipo impositivo para rentas de capital superiores a 200.000 euros (del 26% al 27%) y 300.000 euros (hasta el 28%). Esta medida afectará únicamente a 17.814 contribuyentes y acarreará un extra de recaudación de 204 millones.
Las grandes empresas también tendrán que contribuir y verán limitado en un 50% su posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados durante los años 2023 y 2024. Tan solo se verán afectadas 3.609 empresas, el 0,2% de declarantes de sociedades, y recaudará un total de 2.439 millones.
En favor de los que menos tienen, se producirá un incremento de la reducción por rendimientos de trabajo para los contribuyentes de hasta 21.000 euros. Esto supondrá un ahorro de 1.881 millones de euros para el 50% de los contribuyentes. Además, el tipo de tributación mínimo exento de IRPF, que se situaba hasta este momento en los 14.000 euros, asciende hasta los 15.000 euros.
También existen beneficios para las pequeñas empresas, aquellas con una cifra de negocio inferior a un millón de euros, que verán rebajado su tipo nominal del 25% al 23%. Esta medida beneficiará a 407.384 empresas y supondrá un ahorro de 292 millones de euros. De la misma manera, más de un millón de autónomos contarán con diversas rebajas y beneficios fiscales.
