La postura impulsada por Fernández, que mantiene una estrecha vinculación con Esperanza Aguirre, y por otros representantes sectoriales de CEOE, como David Taguas, presidente de Seopan, son las que han dinamitado las posibilidades de acuerdo. Aunque hoy se haya acordado seguir negociando, el pacto difícilmente podrá ser firmado por el presidente de la patronal, Joan Rosell, que debe al apoyo de CEIM su puesto como presidente de la patronal. Ya lo decía Fernández "nada sin Madrid, todo con Madrid". Ese era su lema durante las negociaciones del pasado diciembre, cuando Rosell buscaba apoyos para sustituir a Gerardo Díaz Ferrán en la organización empresarial.

Enturbiar la foto de familia
El PP no quiere, ni de lejos, una foto de familia con el acuerdo que claramente beneficia al Gobierno. El ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero habría conseguido sentar, en dos ocasiones, a la patronal y los sindicatos para lograr, primero el Acuerdo Social y Económico y, en segundo lugar, la primera reforma de los convenios colectivos en sus 30 años de historia. Por ello, el Partido Popular ha presionado en todos los ámbitos. Consiguió que CEOE aplazara cualquier posible firma hasta que pasaran las elecciones y, tras los comicios, su estrategia se ha centrado en exigir una serie de peticiones que saben inaceptables para los sindicatos.

Los planteamientos de CEIM
El planteamiento de partida de CEIM ( y de toda la patronal) es que las empresas deben tener las manos libres para adaptarse a los cambios del mercados y "poder gestionar su propio marco de negociación colectiva sin afectar a terceros", es decir, que cada empresa tenga libertad de descolgarse del convenio si lo considera conveniente y sin tener que negociarlo con los sindicatos. También quieren que los convenios sólo pierdan vigencia en un periodo máximo de seis a ocho meses si no hay acuerdo, poder modificar jornada, horarios y remuneraciones si el cambio que implica supone una variación inferior al 25%, o sea, siempre, porque el porcentaje a partir del que se negociaría es muy elevado. Piden además un único modelo de contrato laboral estable con indemnización tasada de 20 días por año de servicio y máximo de una anualidad sea cual sea la causa del despido (aunque sea improcedente).

La última oportunidad
Elena Salgado, vicepresenta del Gobierno y ministra de Economía, constataba hoy que, desde las elecciones, las posturas se han distanciado "pero la negociación aún no está rota". Poco le falta, pues el distanciamiento con los sindicatos, cuyas directivas habían dado el ok a la firma de un acuerdo la semana antes de las elecciones, no están dispuestos a renunciar a algunos logros de la negociación colectiva que han sido fruto de muchos años de negociaciones.

Un real decreto en solitario
Los sindicatos esperan que, al menos, si el Gobierno finalmente legisla en solitario, recoja algunos de los avances que se habían producido en estos casi cuatro meses de negociación. También esperan que, como es evidente el bandazo dado por la patronal, la redacción final se acerque más a sus tesis. En cualquier caso, el desenlace se producirá la próxima semana, a más tardar.