El Círculo de Empresarios considera que "trabajadores pobres" no pueden mantener a "jubilados ricos" y por ello ha propuesto dos medidas inmediatas que, en su opinión, garantizan la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Estas medidas son: “Fomentar la ampliación voluntaria de la vida laboral por encima de los 67 años", y "plantear un nuevo esquema de las cotizaciones a la Seguridad Social buscando un mayor equilibrio entra la contribución de empleado y empleador".

Desincentivar la jubilación anticipada

Según el Círculo de Empresarios el sistema público de pensiones "en los últimos diez años ha tenido que soportar un aumento del gasto de 140.000 millones".  La organización empresarial sostiene que la primera reforma, que se deberían poner en funcionamiento de manera progresiva, tiene como objetivo aumentar la duración de las cotizaciones al "desincentivar la jubilación anticipada"; mientras que la segunda lo que busca es que parte de la aportación que las empresas hacen por cada trabajador en forma de cotizaciones sociales recaiga sobre éste, esto es, que el empleado pague más.

Que coticen más los trabajadores, no las empresas

"Lo que se busca es que los trabajadores sean más responsables de su futura pensión", ha explicado Ignacio Eyries, presidente del Comité de Pensiones de la organización empresarial, sobre el cambio del esquema de las cotizaciones, para posteriormente añadir que las cotizaciones empresariales son "especialmente onerosas" en España.

Por otra parte, el Círculo de empresarios también ha señalado que es necesario que se cree un modelo de cuentas nacionales. Este sistema, que también ha sido propuesta por Fedea, registra las aportaciones individuales de cada cotizante y los rendimientos correspondientes a la vida laborar del empleado. El mecanismo, que ya está vigente en Suecia o Italia, "tiene como ventaja un mayor conocimiento de la situación financiera del sistema" y "mejora la percepción y la transparencia sobre las posibles rentas futuras del individuo".

El Círculo aconseja "financiar la totalidad de las pensiones no contributivas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado". Esto supone que las pensiones de viudedad y orfandad no se abonen con cotizaciones sociales, lo que supondría un alivio de unos 20.000 millones para la Seguridad Social. Sin embargo, no explican cómo se solucionaría el agujero que esos 20 mil millones ocasionarían en los Presupuestos, que se financian con impuestos y deuda pública.