Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha asegurado que el Gobierno ha dado ‘luz verde’ al anteproyecto de Ley para modificar el Texto de la Ley de Suelos y Rehabilitación Urbana. Así lo ha aseverado Sánchez en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de ministros este martes.
"Buscamos dotar a nuestro país de un planeamiento urbanístico y territorial que, sin merma alguna de la seguridad jurídica y el interés general que se debe salvaguardar en todo caso, se actualice y responda a las necesidades de planificación de los territorios y del impulso que queremos dar a las políticas de vivienda", ha explicado la ministra.
Tras la aprobación en primera lectura, el trámite de audiencia e información pública permanecerá abierto, además del proceso de participación de las autonomías y la Administración local, a través de los informes correspondientes.
El objetivo del Gobierno es evitar la paralización producida en el planteamiento territorial de multitud de municipios españoles por defectos menores “fácilmente subsanables”, un problema que lleva aquejando al sector urbanístico durante años. En palabras de la ministra, esta situación produce un alto nivel de inseguridad jurídica, lo que deriva en un gran perjuicio económico. "Por lo tanto, es una norma importante desde el punto de vista de la seguridad jurídica", ha ahondado la responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La consideración de estos planes como reglamentos ha ocasionado que cualquier defecto, ya fuera material o puramente formal, tuviera como consecuencia su nulidad de pleno derecho, sin posibilidad alguna de subsanación. Dicha decisión provocaba, a su vez, la nulidad en cascada de todo lo aprobado, ya fueran planes parciales y especiales, reparcelaciones o licencias, lo que ha generado una enorme inseguridad jurídica y enormes perjuicios sociales.
Con este anteproyecto se garantiza la seguridad jurídica, y a la vez se posibilita la subsanación de defecto formales de estas revisiones urbanísticas, trabajadas, en la mayoría de los casos, en periodos de hasta 10 años, facilitando a los ayuntamientos afrontar una modificación de un planeamiento al reducirse el riesgo de que se declare nulo por un defecto de forma subsanable.
También debe protegerse la nueva visión de la preservación del medioambiente fruto de los compromisos internacionales, el necesario desarrollo de una política de vivienda y de toda la política económica del país. En todos estos intereses está presente el principio de seguridad jurídica que debe regir procesos muy complicados y también dilatados en el tiempo.
Acelerar los procesos de rehabilitación
La reforma ayuda también a agilizar los procedimientos para que, por ejemplo, las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de construcción de vivienda social en alquiler sigan avanzando para regenerar las ciudades, facilitar el acceso a la vivienda o mejorar los entornos rurales.
Por ello, se introducen modificaciones que conseguirán mayor simplificación burocrática y mejoras en la tramitación de las autorizaciones de obras de rehabilitación que tienen que impulsar las Comunidades y Ciudades Autónomas y los Ayuntamientos. De esta forma se eliminan trabas y cuellos de botella para ayudar a reducir los tiempos de espera para obtener dichas autorizaciones.
La Ley de vivienda queda pospuesta hasta principios del año que viene
La ministra también ha asumido que la Ley de Vivienda no llegará antes de finalice el año, tal y como esperaba el Gobierno, a la par que confía en que se le dé 'luz verde' definitiva en las Cortes Generales a principios de 2023. "Es cierto que esperábamos tener aprobada esta ley antes de finalizar este año y puede que no sea así, pero confiamos en que sea a principios del año que viene", ha señalado la ministra durante su intervención.
La responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha negado tajantemente que la tramitación de dicha Ley de Vivienda se encuentre bloqueada. Además, ha defendido que desde que el Ejecutivo remitió al Parlamento la norma para su tramitación, se ha estado trabajando “intensamente” con el resto de grupos del arco parlamentario y se han presentado ya, más de 800 enmiendas.
"Hemos alcanzado muchísimos acuerdos y seguimos en esa senda de trabajo, confiando en que podamos alcanzar un acuerdo que reúna los máximos consensos posibles", ha reafirmado la ministra.
