La vicepresidente segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, continúa pugnando con la parte socialista del Gobierno de coalición para sacar adelante las máximas medidas defendidas por su formación. La vivienda o la universalización de determinadas medidas son puntos de fricción habituales entre el PSOE y Sumar; sin embargo, existen puntos comunes que avanzan más rápido. Durante la reunión del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados, la líder de los magentas ha adelantado que la aprobación y presentación del Consejo Nacional de Productividad es inminente.
La iniciativa, que dependente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, está muy avanzada y Díaz asegura que la colaboración entre el titular del ramo, Carlos Cuerpo, y su vicepresidencia segunda “por fin” hará posible que vea la luz. Hace 15 días, el propio ministro anunciaba que el nuevo órgano llegaría “en las próximas semanas” y la ministra de Trabajo ha acotado aún más las fechas. Este martes, con la celebración del Consejo de Ministros, se le abre una posibilidad al Ejecutivo, que también tiene sobre la mesa otras creaciones como la de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) anunciada por José Luis Escrivá.
La definición de un órgano que aborde la productividad, especialmente baja en España, es una petición que Bruselas ya trasladó al país en 2016. El aumento de esta variable empresarial es una de las aspiraciones de Economía, mientras Trabajo pugna porque el aumento de la generación de valor se reparte mejor y no se acumule únicamente en bolsillos empresariales. Para este cometido, el Gobierno contará con el nuevo consejo y 83.000 millones de créditos de fondos europeos indexados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Alguien se está forrando
“Podemos sentirnos orgullosos”, ha valorado Díaz la inminente creación del nuevo Consejo. “La productividad es una de las variables que más preocupan en Europa, que ha sido desplazada por China y Japón”, ha justificado la decisión, reconociendo que además es “peor en nuestro país”. “Nos hace tener menos riqueza y un crecimiento peor”, aspectos que ha considerado “hay que corregir con este Consejo, que costó mucho en la negociación”. No obstante, de poco vale aumentar la productividad si este avance no repercute positivamente a los trabajadores, como ha sucedido en anteriores mejoras.
“Cómo generamos mayor productividad en el país, pero también cómo repartimos ese mayor valor entre rentas de trabajo y el capital” son las dos aristas que la titular de Trabajo considera que deben abordarse. La productividad ha crecido en las últimas décadas y “los salarios no crecieron tanto” lo que significa que “alguien se está forrando”. El valor de la producción está mal repartido y, mientras los márgenes empresariales se engrosan, el poder adquisitivo de los trabajadores cae, razón por la que el nuevo “organismo tiene que servir para repartir mejor la productividad de España”, ha zanjado.
Convencida de la aprobación de los PGE
La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, que van ya muy tarde, está siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza del Gobierno. El Partido Popular (PP) ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para tumbar la senda de déficit, vital para las cuentas, de María Jesús Montero. En las próximas semanas, el texto será previsiblemente aprobado una vez más en el Congreso y retornará a la Cámara Alta donde los conservadores volverán a hacer lo propio. Sin embargo, la ministra de Hacienda asegura tener un as en la manga y su compañera de Trabajo se ha mostrado convencida.
"Habrá Presupuestos. Nos han votado para esto y a pesar de todos los periódicos y, tertulianos que dibujan un mundo que se va a caer, lo vamos a tener sencillamente porque la ciudadanía ha votado bien, no se ha equivocado y las tareas que tenemos son muy importantes”, ha sentenciado Díaz. Las cuentas son vitales para poder sacar muchas medidas adelante, como la retribución de los permisos laborales, dependiente del departamento de Trabajo.
No obstante, otras medidas clave, como aquellas que afectan a la vivienda, dividen al Ejecutivo. “El problema no son los pequeños tenedores, sino los miles de ciudadanos que no pueden afrontar el pago del alquiler. Esta es una diferencia con el PSOE”, ha explicado la vicepresidenta segunda. “Las personas que viven del alquiler el 50% está en riesgo de exclusión social y no puede pasar en una democracia”, ha sentenciado.
Otra las divergencias es la referida a determinadas ayudas que Sumar quiere aprobar con carácter universal (para todos) y los socialistas prefieren adaptar a renta (para aquellos con menores ingresos). El ejemplo más candente actualmente es la prestación mensual de 200 euros al mes por hijo, hasta que este cumpla la mayoría de edad, independientemente de la renta del hogar. Este es una de las medidas estrella de los magentas, junto con la reducción de jornada o la herencia universal de 20.000 euros, pero no gusta al PSOE por no atender a renta.
