El escándalo en torno a las ilegalidades del proceso de licitación del contrato de abastecimiento de agua potable y alcantarillado que está ocurriendo en San Javier (Murcia) ha revelado un patrón alarmante respecto a la estrategia de la empresa Aqualia, ya que estas prácticas parecen ser habituales en el modus operandi de la compañía. 

En Colombia, varios políticos municipales han sido imputados y suspendidos de sus cargos por la procuraduría del país por detectar irregularidades en la contratación de Aqualia para temas de gestión del agua.

En concreto, el alcalde de Riohacha (Colombia), José Ramiro Bermúdez, ha sido imputado por la Procuraduría General de la Nación, el equivalente a la Fiscalía en España, por presuntas irregularidades del gobierno municipal en la puesta en marcha del sistema integral de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Camarones, Riohacha y que fue concedida a Aqualia.

La justicia colombiana atribuye al alcalde la presunta vulneración de los principios de responsabilidad y planeación de la contratación, por abrir la licitación, adjudicarla y celebrar el contrato de operación con Aqualia. Todo ello a pesar de la aparente existencia de problemas que fueron advertidas por la Procuraduría y las cuales podrían afectar la finalidad de la contratación.

Aqualia Riohacha, filial que opera en Colombia, no detalló debidamente las obras a realizar ni su programación. Tampoco realizó los estudios y análisis necesarios para el diagnóstico, requerimientos, viabilidad y definición de las inversiones en el área.

En dicho procedimiento judicial también se han visto implicados los miembros del comité evaluador, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, el director de Contratación, y el tesorero de distrito. La procuraduría lo ha decretado por considerar que habrían permitido que “el oferente subsanara el requisito de rentabilidad del activo, que hace parte de la capacidad organizacional, validando una regla que no estaba contemplada en el pliego de condiciones definitivo", según indican en el auto. Así, todos los responsables políticos vinculados a la contratación de Aqualia para este municipio colombiano están actualmente imputados y suspendidos temporalmente de sus cargos públicos.

¿Se repetirá la historia en San Javier?

La historia de Colombia parece que se repite en la localidad murciana de San Javier, pues el ayuntamiento de la localidad está acusado de dar por vencedora a Aqualia, en un proceso de licitación que fuentes municipales tildan de hecho a su medida por la consultora Ingeagua, quien es a su vez cliente de Aqualia.

A petición del grupo político Pleamar que denunció la situación, la Fiscalía de Cartagena inició el pasado mes de septiembre una investigación en profundidad sobre el proceso de licitación del contrato para la gestión del agua en San Javier. En este sentido, solicitó al ayuntamiento y a la Mesa de Contratación información sobre las ofertas presentadas y sobre los sistemas de puntuación utilizados por la mesa de contratación, para poder determinar si se ha cometido alguna ilegalidad, como apuntan así los primeros indicios.

El alcalde del municipio, José Miguel Luengo Gallego (PP), se encuentra en el centro de la polémica al defender el proceso de adjudicación, a pesar de las evidencias presentadas por los partidos de la oposición apuntan a múltiples irregularidades. El alcalde de San Javier ha desestimado en muchas ocasiones suspender o congelar el procedimiento a pesar de las advertencias de la oposición sobre los posibles perjuicios para San Javier en caso de nulidad.

Las sospechas de irregularidades en el proceso se intensificaron cuando se reveló que Ingeagua, empresa encargada de puntuar la ofertas, había alentado a Aqualia -también cliente suyo- a participar en el concurso. Una práctica habitual de Igeagua con Aqualia que se ha repetido en concursos públicos en toda España en la que la consultora acaba siendo juez y parte del proceso, siempre en beneficio de la filial de FCC. Como respuesta a estas sospechas de ilegalidad, la Fiscalía ha enfocado su investigación hacia Aqualia y está buscando acceso al contrato con Ingeagua para arrojar luz sobre esta relación y determinar si existen irregularidades.

Otro foco de la investigación en San Javier implica a un Ingeniero Municipal local, Juan Gabriel Lizán García,que fue quien decidió y contrató a Ingeagua para el diseño y gestión de la licitación del contrato del agua de San Javier. Lizán García había tenido una relación muy estrecha con FCC Aqualia a raíz de su paso por la Oficina Técnica Municipal de Moratalla, donde supervisaba un contrato de servicios de agua que gestionaba esta empresa.

La mesa de contratación, el alcalde de San Javier y sus concejales y la empresa Ingeagua se podrían enfrentar a varios delitos, de la misma manera que ha pasado recientemente en Colombia.