Madrid vuelve a tener un estatuto para sus expresidentes y exconsejeros. Tras una década sin normativa específica —desde que Ciudadanos forzó su eliminación en 2015—, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha recuperado esos beneficios mediante un decreto aprobado el 23 de julio y publicado al día siguiente, en plenas vacaciones de verano. El texto reconoce a los antiguos mandatarios coche con chófer, dos asistentes, compensaciones económicas y medidas de seguridad costeadas con fondos públicos.
El Decreto 59/2025 vio la luz en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el 24 de julio, fecha en la que buena parte de la ciudadanía y los medios de comunicación se encuentran volcados en el parón estival. Con esta jugada, el Ejecutivo regional aprobó sin apenas debate público una normativa de gran alcance político y económico.
La norma establece por primera vez de manera detallada qué beneficios tendrán quienes hayan ocupado la Presidencia o las consejerías del Gobierno madrileño una vez abandonen el cargo. Una regulación que, según justifica el propio decreto, “homologa” a Madrid con la mayoría de comunidades autónomas que ya cuentan con estatuto de expresidentes, pero que al mismo tiempo resucita privilegios que habían sido expresamente eliminados durante el gobierno de coalición con Ciudadanos.
Lo que tumbó Ciudadanos, Ayuso lo recupera
En 2015, la entonces presidenta Cristina Cifuentes disolvió el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, un órgano que garantizaba a los expresidentes un sillón vitalicio con sueldo, chófer y asistente personal. Aquella medida vino impulsada por la presión de Ciudadanos, socio imprescindible para que el PP pudiera gobernar. De un plumazo se eliminaron las prebendas de los exmandatarios, que pasaron a quedarse sin regulación específica.
Diez años después, y con mayoría absoluta, Díaz Ayuso ha dado marcha atrás. El decreto de julio reabre la puerta a un régimen de privilegios con importantes recursos a disposición de quienes hayan pasado por el Consejo de Gobierno. El contraste es evidente: lo que Ciudadanos vendió como un gesto de regeneración política, el PP lo rescata ahora como un derecho institucional.
Chófer, asistentes y oficinas
El paquete de beneficios incluye algunos de los elementos más llamativos. Los expresidentes que hayan estado en el cargo al menos dos años tendrán derecho a disponer, durante los dos años posteriores a su cese, de un coche oficial con conductor y hasta dos personas de apoyo para tareas de asesoramiento o asistencia. Si el mandato ha superado los cuatro años, estas ayudas se prolongan hasta los cuatro años tras dejar el puesto.
Además, podrán usar dependencias de la Administración madrileña para organizar reuniones o actos institucionales y contarán con servicios de protocolo en los eventos a los que sean invitados como exmandatarios. También se contempla que puedan ser resarcidos de los gastos de representación derivados de encargos realizados para las instituciones autonómicas.
Otro aspecto recogido en la norma es el relativo a la seguridad personal. Los expresidentes dispondrán de medidas de protección durante al menos cuatro años tras dejar el cargo, con la posibilidad de prorrogarse de manera indefinida si así lo recomiendan las autoridades competentes. Estas medidas podrán incluir escoltas o dispositivos de seguridad costeados por la Comunidad de Madrid, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Los exconsejeros, por su parte, no quedan fuera. También tendrán acceso a servicios de seguridad cuando se considere necesario, aunque en su caso no se fija un plazo concreto.
Una paga durante dos años
El decreto también regula una compensación económica temporal. Tanto los expresidentes como los exconsejeros podrán solicitar, dentro de los 30 días siguientes a su cese, un sueldo mensual equivalente al 80% de la retribución de su cargo, que podrán percibir durante un tiempo igual al que ocuparon el puesto, con un máximo de 24 mensualidades.
Para un presidente regional, esta cifra ronda actualmente los 82.000 euros brutos al año, mientras que para un consejero el monto supera los 88.000 euros. La prestación es incompatible con cualquier otro trabajo remunerado o pensión pública: quien opte por incorporarse al sector privado o jubilarse deberá renunciar a seguir percibiendo la paga.
Puerta de entrada a la Comisión Jurídica Asesora
Como novedad, los expresidentes que cumplan ciertos requisitos tendrán derecho a convertirse en vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, el órgano consultivo que sustituye al desaparecido Consejo Consultivo. Su papel será el de expertos con voz pero sin voto, durante un máximo de seis años —prorrogables a doce si gobernaron más de una legislatura—.
No habrá un sueldo fijo por esa función, aunque sí dietas por asistencia a cada pleno, cuya cuantía fijará la Consejería de Hacienda. De este modo, la Comunidad asegura una vía para mantener vinculados institucionalmente a sus antiguos presidentes, bajo el argumento de aprovechar su experiencia política y administrativa.
Coste para las arcas públicas
El decreto no especifica una cifra total del gasto, pero sí habilita a la Consejería de Hacienda para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias. Si la presidenta y todos los consejeros del actual Ejecutivo se acogieran a la compensación máxima tras dejar sus cargos, el desembolso podría superar ampliamente el millón y medio de euros en solo dos años, sin incluir los costes de seguridad, chóferes o personal de apoyo.
La medida ha sido defendida por el Gobierno regional como un gesto de equiparación con el resto de comunidades, donde existen fórmulas similares, aunque en muchos casos vitalicias. No obstante, la publicación en el silencio informativo del verano ha generado recelos y críticas por la falta de transparencia y el escaso debate público sobre un asunto que afecta directamente a los recursos públicos.
