El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avanzado este martes que los indicadores referidos al cuarto trimestre apuntan a una prolongación de la debilidad de la actividad, aunque ha señalado que el Producto Interior Bruto (PIB) podría experimentar un "leve crecimiento" positivo, "similar" al del tercer trimestre (0,2% intertrimestral).

El gobernador del Banco de España ha destacado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos Generales de Estado (PGE) de 2023 en el Senado el "dinamismo" que se viene registrando en los datos de empleo.

De hecho, la información más reciente correspondiente a la primera quincena de noviembre muestra un comportamiento "algo más vigoroso" del empleo, que lleva a entrever que la cifra de afiliados podría ser en el conjunto del mes similar a la de octubre, en términos brutos, frente a los descensos que suelen ser habituales en este mes (-0,2% en el promedio entre 2016 y 2019). Frente a esto, el gobernador ha explicado que los indicadores cualitativos han tendido a mostrar un cierto debilitamiento adicional en el trimestre en curso.

En concreto, el gobernador ha señalado que el indicador compuesto de los índices de directores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) cayó hasta los 48 puntos en octubre, situándose, por tanto, en terreno contractivo, al estar por debajo del nivel de 50, que, a priori, marca la frontera entre el aumento y el descenso de la actividad. Por su parte, el indicador de sentimiento económico se mantiene también en niveles relativamente reducidos, destacando, por componentes, el peor comportamiento relativo del índice de confianza de los consumidores.

De Cos, el SMI y el pacto de rentas

De Cos, también ha pedido ser "cuidadosos" con la determinación del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023 y ha instado a enmarcarlo en el pacto de rentas. "La decisión del salario mínimo tiene que estar enmarcada en el pacto de rentas", ha subrayado el gobernador.

El directivo ha insistido de nuevo en la idoneidad de la firma de un pacto de rentas entre patronal y sindicatos, con compromisos plurianuales, para que no se produzcan efectos de segunda ronda. Pero también el gobernador ha hecho un llamamiento al sector público y a toda la sociedad para que contribuyan al reparto de los costes de la situación actual, marcada por el alza de precios.

En cuanto al SMI, cabe recordar que el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI debería tener listo próximamente su informe de recomendaciones sobre cuánto debería subir esta renta mínima en 2023, año en el que, según lo comprometido por el Ejecutivo, debe alcanzar el 60% del salario medio.

El gobernador del Banco de España ha insistido en que la decisión que deberá tomar el Gobierno --tras negociar con agentes sociales-- en torno a la subida del salario mínimo tiene que estar enmarcada en el pacto de rentas. "Hay que ser cuidadoso con la determinación de ese incremento del SMI y enmarcarlo en el pacto de rentas", ha enfatizado el gobernador.

En este sentido, Hernández de Cos se ha remitido a un documento publicado por el organismo hace meses sobre el impacto de la subida del SMI en el que se concluía que, aunque la elasticidad del empleo al incremento del salario mínimo haya sido pequeña, "no ha sido nula y hubo un efecto negativo sobre el empleo y en particular sobre los colectivos de menor productividad". Además, el gobernador ha abogado también por incluir coyunturalmente en este pacto de rentas a las pensiones más altas, no las mínimas, en este reparto del coste del impacto de la guerra en Ucrania.

Los impuestos a banca y energéticas han de tener un “diseño más adecuado”

Hernández de Cos, también ha considerado que algunas de las medidas de ingresos que se incorporan en el plan presupuestario, como son los impuestos temporales a entidades financieras y energéticas, requerirían de un diseño "más adecuado".

El Banco de España estima que los gravámenes temporales de determinadas entidades de crédito y empresas del sector energético podrían recaudar, conjuntamente, en torno a 2.500 millones de euros en 2023 y 2024, algo menos respecto a las previsiones del Gobierno.

En cuanto al impuesto sobre determinadas entidades de crédito, el gobernador se ha remitido a la opinión trasladada por parte del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), donde apunta que el tributo español temporal a la banca puede lastrar el crédito.

De Cos ha recordado que en el dictamen se señala que su introducción debe ir precedida de un análisis exhaustivo de las consecuencias para el sector bancario, al objeto de garantizar que no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico.

En este sentido, aunque el incremento de los tipos de interés oficiales tiende a mejorar el margen de intereses de las entidades, la materialización de los riesgos a la baja sobre el crecimiento en el entorno actual puede generar un menor volumen de crédito, pérdidas en la cartera de valores y aumentos en las provisiones por deterioro de la calidad de la cartera de crédito.

Además, dado que el gravamen se aplica sobre los ingresos y no sobre los beneficios, se subraya que la consideración de una entidad de crédito como obligada al pago del gravamen temporal mientras registre pérdidas netas distorsionaría significativamente y perjudicaría aún más la resiliencia de un banco deficitario. En el caso del impuesto temporal sobre las empresas del sector energético, este se aplica también sobre los ingresos, sin tener en cuenta los costes, por lo que debería diseñarse para gravar los beneficios extraordinarios que motivan su creación, sugiere el gobernador.