El nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ya se encuentra incluido en la primer parte de la reforma del sistema público de pensiones, lo que supone una subida de cotizaciones temporal. La medida se someterá a votación en la Comisión de Trabajo del Congreso el próximo lunes 22 de noviembre. 

Así lo ha decidido este viernes la ponencia de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso en su primera y última reunión. De esta forma la Comisión da carpetazo a las discusiones sobre la reforma en una sola sesión a pesar de que los grupos del Gobierno han introducido varios cambios en la reforma pactados con socios y otros partidos, y dejado lista la reforma para someterla a votación en la Comisión.

No obstante, a pesar de que la comisión tenía competencia legislativa plena, el Congreso aprobó, a propuesta de ERC, que la reforma se sometiese a un último debate en el Pleno del Congreso, que dispondrá de la última palabra sobre esta reforma y las enmiendas que queden vivas.

El nuevo MEI entra en la reforma pactado con ERC y Bildu

En la reforma ya se incluye el MEI como alternativa al recorte en la cuantía de la pensión que suponía el factor de sostenibilidad de la anterior reformad el Partido Popular, en 2013, cuando lideraba entonces Mariano Rajoy. El plan del Gobierno pasaba por introducir este cambio a través de una enmienda, ya que el acuerdo alcanzado con sindicatos y patronales en verano daba al Gobierno de margen hasta el 15 de noviembre para buscar una fórmula consensuada. Si bien el PSOE o registró enmiendas al proyecto y Unidas Podemos retiró las suyas ambos partidos llegaron a la Comisión con una enmienda de Esquerra Republicana y EH-Bildu. 

Desde entonces, se han aprobado algunas enmiendas como ampliar el acceso a la pensión de viudedad a parejas de hecho, extendiéndola a todos los supuestos en los que la persona beneficiaria no tenga reconocida el derecho a otra pensión contributiva. El Gobierno confía en este terreno contar con el apoyo de PNV, ERC y EH-Bildu. Aunque finalmente, la reforma de pensiones incluirá un mandato al Gobierno para que en el plazo de seis meses remita a la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo un informe para cuantificar todos los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva y su financiación desde 1980.