La vivienda es uno de los principales problemas para gran parte de la población, golpeada también por el precio de la cesta de la compra o el encarecimiento generalizado de la vida. Así lo reflejan encuestas como la realizada por 40db para la Cadena Ser y ElPaís, que muestra el avance de la vivienda en la escala de preocupaciones ciudadanas. El 70,8% de los alquilados y el 53% de los hipotecados confirman que se ven obligados a destinar más de un 30% de sus ingresos mensuales únicamente a pagar su vivienda, lo que es conocido como estrés financiero. Mientras, los debates en el seno del Gobierno continúan para sacar adelante una norma que aborde esta problemática y que desde hace meses dan por sentada, pero no llega.

Lo cierto es que el 4,1% de los hipotecados encuestados reconocen que no han podido evitar incurrir en el impago de una letra en el último año, un 10% se ha visto obligado a pedir ayuda a personas cercanas y un 18% prevé tener que hacerlo próximamente. En suma, un 32,1% de los hogares con hipotecas suscritas, con mayor vulnerabilidad de las variables por el incremento disparado del Euríbor, afronta problemas para pagar sus letras mensuales. La situación de los alquilados es de mayor indefensión, si cabe, y el 70,8% reconoce encontrarse en una situación de estrés financiero por culpa del pago de la vivienda, lo que propiciado que un 7,8% no hayan podido pagar alguna mensualidad y que el 18% haya necesitado pedir ayuda.

El caso de los alquilados es dramático, ya que, tan solo uno de cada cuatro afirma destinar menos del 30% de sus ingresos mensuales a la vivienda. Dos de cada cuatro destinan entre el 30-50% y más de un 20% destinan más de la mitad de sus ingresos (un 16% entre el 50 y el 70% y un 4,7% más del 70% de sus ingresos mensuales). Los hipotecados, aunque en menor medida, también presentan problemas para pagar sus letras y son mayoría (44,7%) los que reconocen destinar más del 30% a estos pagos. Además, el 40% de las familias, independientemente del régimen de su hogar, muestra insatisfacción y preocupación por el aislamiento de su vivienda a las puertas de un verano especialmente caluroso y tras superar un invierno muy frío.

El encarecimiento generalizado de un bien de primera necesidad como es la vivienda golpea en mayor medida a los estratos sociales y generacionales más precarizados. Atendiendo a esto, la encuesta arroja una situación especialmente dramática para los jóvenes, de los que casi la mitad no ve posible poder vivir en una casa propia y de su agrado nunca. Concretamente, el 40,6% que vive actualmente con sus padres o suegros señala esto. El 59,4%, que si que tiene la esperanza de poder hacerlo algún día, prevé hacerlo a seis años vista y sitúan la edad de independencia de la población joven en los 31,4 años.

La ciudadanía demanda una ley de Vivienda que no llega

La maraña de negociaciones, que acumula Ministerios a cada paso que da la ley de Vivienda, se encuentra muy alejada de la percepción ciudadana, que tiene claro que hay que intervenir en el mercado. El 86% de la ciudadanía traslada la necesidad de ampliar el cambio de vivienda pública, aspecto en el que lo socios del Gobierno de coalición parecen coincidir por el momento. En los aspectos en los que existen discrepancias, la población muestra unidad de actuación. Sobre la polémica regulación de los precios y las condiciones hipotecarias, el 80,8% de los encuestados coincide en la necesidad de abordarla, es decir, meter mano en el mercado. De hecho, la mitad apoya subir los impuestos a los propietarios con viviendas vacías.

En relación con la regulación de los precios de los alquileres sucede lo mismo y tres de cada cuatro ciudadanos cree necesario abordar este mercado. El 76,8% apoya establecer limitaciones al precio de los alquileres que cobran los grandes tenedores en zonas tensionadas y el 74,7% se muestra a favor de establecer un tope a la subida anual del precio de los alquileres. Además, la población se posiciona claramente del lado de las familias más vulnerables, aquellas que son desahuciadas de su hogar a pesar de que existen normas vigentes que los prohíben esta práctica.

Así, el 57,8% de la población se posiciona a favor de prohibir los desahucios, lo que supondría evitar que más de cien familias se encontrasen en situación de desprotección cada día. Más apoyo aún reúne (79,4%) la propuesta de que, por lo menos, no puedan realizarse desahucios de personas vulnerables hasta no encontrarse una alternativa habitacional, evitando de esta manera la situación de calle a la que se empuja a muchas familias. Preocupa esta situación al conjunto de la sociedad, que apuesta por evitar situaciones como la acaecida esta Semana Santa, cuando un anciano de 83 años se quitó la vida antes de la llegada de la comitiva judicial que constataría su desahucio.

Atasco en las negociaciones

El sentir ciudadano queda claro en esta encuesta y la llegada de periodos electorales otorga una esperanza extra entre los que esperan con ansia una ley que alivie su situación. Por su parte, el Gobierno continúa lanzando mensajes positivistas asegurando que la norma saldrá, la tónica desde hace meses. La última ha sido la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que aseguraba al finalizar el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de pascual que la norma llegará próximamente.

"Vamos a ser capaces de aprobarla, va a ser la primera Ley de Vivienda de la democracia y debe sumar a esos últimos flecos que estamos perfilando. Vamos a conseguir su aprobación y va a sumar a los logros del Gobierno de coalición", subrayaba. Lo cierto es que las discrepancias se encuentran en el mismo punto: intervenir directamente el mercado inmobiliario, priorizando el carácter de derecho que tiene la vivienda, que defienden desde Unidas Podemos; o realizar un abordaje menos invasivo manteniendo la naturaleza de bien de mercado en la que está la vivienda, defendida por el PSOE, preocupado porque una actuación muy invasiva desincentive la oferta.