La Ley de Vivienda es uno de los últimos flecos en los que trabaja el Gobierno de coalición para culminar los hitos de su legislatura antes de que llegue la cita de las elecciones generales, previsiblemente a finales de año.

Este martes se ha celebrado un Consejo de Ministros en plenas en vísperas de las grandes celebraciones de Semana Santa y en el que, en la rueda de prensa posterior, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha dado unas pinceladas sobre cómo se encuentran los avances sobre esta normativa, garantizando a la par que se dará luz verde en este periodo.

"España cuenta con un parque de vivienda pública de apenas unas 290.000 viviendas, que dan cobertura al 1,6% de los hogares, muy lejos de la media de los países del entorno, como Holanda al 30%”, ha comenzado detallando ante los medios de comunicación, presentando así la autorización del incremento del gasto a Sepes (Entidad Pública Empresarial del Suelo), la cual es “el brazo ejecutor y principal promotor” del suelo de vivienda y, con este impulso, se conseguirá “dinamizar la oferta de vivienda en alquiler asequible”.

El gasto inicial estaba previsto en 115 millones de euros, que ahora pasan a 260 millones, por lo que el importe máximo que se dedicará al Sepes en 2023 será de 375 millones, como ha apuntado Sánchez.

En este sentido, Sánchez se ha mostrado segura y confiada en que lo único que falta para cerrar la Ley de Vivienda es “un acuerdo parlamentario con propuestas y alternativas”. "Vamos a ser capaces de aprobarla, va a ser la primera Ley de Vivienda de la democracia y debe sumar a esos últimos flecos que estamos perfilando. Vamos a conseguir su aprobación y va a sumar a los logros del Gobierno de coalición", ha subrayado.

Asimismo, la titular de Movilidad ha descartado tildar de "escollos" las diferencias sobre esta cuestión que presentan los socios de Gobierno, el ala 'morada', especialmente en lo que se refiere a la regularización de los alquileres. Una postura que viene después del pacto que se firmó para establecer un tope al 2% hasta el próximo mes diciembre como parte del último real decreto anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda sorprendió con el anuncio de un preacuerdo para topar la revalorización del precio del alquiler al 3% hasta enero de 2024, siguiendo las directrices del ministerio de Economía. No obstante, en aquel momento, y en palabras de Ione Belarra, Podemos no tardó en lamentar que el punto de las negociaciones no habían cambiado: "Por desgracia, hoy no estamos más cerca que ayer de un acuerdo", sostuvo al respecto. 

Plan de alquiler asequible

Sobre este planteamiento, la ministra ha detallado que, hasta la fecha, se ha movilizado hasta un 60% de las viviendas lo que, en números totales, se traduce en 14.000, todas ellas en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos y gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Además, el Gobierno fija su objetivo en que aumenten a 20.000 viviendas de cara a 2026.

El mismo plan también permitirá la ampliación de los suelos dotacionales, titularidad de los Ayuntamientos, para que puedan ser puestos a disposición para promover viviendas asequibles.

"Dotamos a SEPES con la liquidez suficiente para afrontar nuevas actuaciones, refuerza la posición económica para desarrollar las ya recogidas al actual convenio -como en Ibiza, Palma de Mallorca o Málaga-. Estas actuaciones y la planificación deberían permitir superar las 30.000 viviendas en la próxima década", explica Sánchez.

La adenda aprobada este martes es un paso más, aunque el Ejecutivo garantiza que “no será la última”: “La vocación de este Gobierno y de Sepes es ir ampliando la cartera de actuaciones, las suyas y las que pueda ir acordando, con diferentes administraciones y con el sector privado”, ha señalado.

"Este Gobierno ha empezado de cero para revertir un modelo de vivienda que ha marginado a familias y colectivos sociales", recuerda Sánchez. "La vivienda debe dejar de ser un instrumento que sirva de enriquecimiento a unos pocos", reivindica, insistiendo en que la coalición ha incrementado las políticas de vivienda en comparación con las legislaturas anteriores, pasando de los 475 millones euros que destinó el Ejecutivo de Mariano Rajoy a los 3.500 millones de euros actuales.

Acuerdo con el Ministerio de Defensa

También se ha referido a la cooperación con el Ministerio de Defensa, con distintos acuerdos para construir en suelos de Defensa, como el caso de la Operación Campamento, en Madrid, donde se desarrollará "una de las mayores actuaciones de regeneración espacio urbano" de Europa con la edificación de 11.000 viviendas asequibles.

Otro de los ejemplos de los acuerdos con Defensa es la construcción de viviendas, dentro del plan de vivienda de alquiler asequible, en el Regimiento de Artillería, en Sevilla.