Los trabajadores de Nissan han ratificado el acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la dirección de la empresa tras varias jornadas de negociaciones y protestas. Con este acuerdo, las plantas de Nissan en Barcelona, situadas en Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca, volverán a la actividad el próximo 24 de agosto y se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2021 sin despidos.
El preacuerdo incluye la creación de una comisión de trabajo para la reindustrialización, constituida “de forma tripartita y paritaria” entre la dirección de Nissan, representantes de los trabajadores y las administraciones públicas, es decir, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España.
La comisión tiene como objetivo analizar, evaluar, decidir y hacer el seguimiento a un potencial plan de reindustrialización desde este momento hasta el 31 de diciembre de 2021, momento en el que el acuerdo alcanzado llega a su fin. Los sindicatos participarán en esta comisión, con voz y voto ante la opción de un nuevo inversor, algo que han pedido desde que Nissan anunciara el cierre de las plantas en Barcelona.
Según informa El Español, son varios los grupos interesados en hacerse con estas plantas y que estarían analizando con interés ventajas e inconvenientes de instalarse en la Zona Franca y además, contar de antemano con una plantilla cualificada y con experiencia en la industria del motor.
La opción más avanzada podría asegurar casi 2.000 empleos
Según fuentes de la negociación a las que ha tenido acceso el medio, “existe una opción muy avanzada dentro del sector de la automoción que podría asegurar entre 1.500 y 2.000 empleos”. En cifras, supondría mantener entre el 60% y el 80% de los trabajadores actuales.
El secretario general de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco, ha confirmado también la existencia de inversores interesados en las instalaciones. “Estamos hablando de Zona Franca, no es un sitio cualquiera, aquí nació Seat y se situó Motor Ibérica; se trata de uno de los corazones industriales de España”, defiende el secretario general.
Sin embargo, reconoce que no todo vale para garantizar el futuro de las plantas: “Hay que trabajar para que sea un proyecto transformador para las próximas décadas al igual que fueron Nissan o Seat”. Así, avanza no dejarse tentar por proyectos que no tendrían “potencial transformador” a pesar de crear empleo. Blanco prefiere mantener el nombre de los inversores en secreto, respetando “la prudencia, la confidencialidad y el trabajo discreto”.
El secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de USO, Raúl Montoya, explica que el plan de viabilidad que exigen al inversor tiene dos cláusulas clave que ofrecen estabilidad: “Tiene que garantizar al menos tres años de continuidad de la plantilla y el salario será el del convenio sectorial de referencia más un 25%”.
En caso de no cumplirse el mantenimiento del empleo, el acuerdo incluye una penalización de 25.000 euros como mínimo. “Esta cantidad estaría entre el salario que hubiera percibido como trabajador de la firma nipona y los salarios percibidos por la nueva empresa que le contrate”, explica Montoya.