Nadia Calviño ha acudido este jueves al Congreso de los Diputados para defender el proyecto de ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero (ADCF), organismo de nueva creación con el que el Ejecutivo quiere dar una mayor protección a los ciudadanos y pequeñas y medianas empresas de cara los conflictos con las entidades financieras, evitando los trámites judiciales. Uno de los aspectos más polémicos de esta nueva autoridad es la propuesta de financiación, para la que la norma contempla tasas de 250 euros por reclamación que correrían a cargo de los bancos y financiarían el organismo. Esto ha levantado ampollas en la Banca y algunas formaciones políticas, razón por la que Calviño se abre ahora a negociar.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha asegurado que esto no incentivará la litigiosidad en falso, dado que “la entidad financiera tiene que satisfacer esta tasa únicamente cuando la demanda es admitida a trámite”, y ha descartado las críticasde la derecha parlamentaria, que ha atacado la medida. “Nuestro sistema financiero y nuestra sociedad son suficientemente maduros como para evitar abusos o situaciones disfuncionales”, ha trasladado. No obstante, se ha mostrado abierta a negociar la tasa en pos de la aprobación de la norma. "Son cuestiones que se podrán abordar a lo largo de la tramitación parlamentaria", ha esgrimido al respecto.
Esta apertura a la negociación de la vicepresidenta llega el mismo día que mantendrá una reunión con las patronales bancarias y las asociaciones de usuarios de las entidades financieras, encuentro al que también asistirá Carlos San Juan, el promotor de la campaña “Soy mayor, no idiota”. Durante la reunión se abordará la implantación de los nuevos Códigos de Buenas Prácticas en materia de hipotecas, zonas rurales y personas mayores, definidos conjuntamente en noviembre del pasado año. También se abordarán las cuestiones relativas a la nueva autoridad, que no convence a los bancos.
En el marco del encuentro, Calviño defenderá la ADCF de igual manera que lo ha hecho en el Congreso. “Es preciso proporcionar instrumentos eficaces y ágiles que resuelvan los conflictos de forma alternativa a los tribunales de justicia. Colocar a los ciudadanos en el centro, velar realmente con sus intereses y dotarles de soluciones rápidas”, ha alegado en la Cámara Baja. Para ello, considera que “es importante ensanchar el esquema de protección más allá de las leyes”, motivo por el que ha justificado incluir en los ámbitos de actuación de la autoridad los Códigos de Buenas Prácticas.
“Podrá resolver controversias relativas a los compromisos del propio sector”, lo que le otorga “un refuerzo muy importante del papel y la capacidad de protección de los ciudadanos”, ha defendido en el hemiciclo. Esta defensa será gratuita para los ciudadanos, autónomos y empresas, razón por la que su financiación se carga a las entidades financieras. “Es muy importante tener un recurso gratuito”, ha argumentado Calviño, dado que cobrar a la ciudadanía por sus servicios vulneraría directamente la naturaleza universal y accesible con la que se pretende dotar una autoridad cuyas resoluciones que acaben con la controversia serán vinculantes.
No obstante, tan solo serán vinculantes aquellas reclamaciones de cuantía reducida, es decir, aquellas cuyo montante se sitúe por debajo de 20.000 euros. “Son la práctica totalidad de todas las que se están presentando”, ha asegurado la titular de Economía, razón de más por la que confía en se “agilizará de manera muy significativa los trámites que existen para resarcir a los ciudadanos perjudicados”.
“La relación de los clientes con el sistema financiero es cada vez más intensa y variada, creciendo en el ámbito digital. Esto supone, sin duda, una mejora de la eficiencia y un ahorro de los costes que benefician a las empresas, pero está claro que la digitalización tiene que garantizar la protección de la atención personalizada. Los clientes tienen que tener una accesibilidad real en todo el territorio e independientemente de su edad”.
Reunión con la Banca
En la tarde de este jueves, más allá de la polémica suscitada por la ADCF, se abordará el acuerdo alcanzado a finales de 2022 para proteger a la población más vulnerable de las subidas desmedidas de los tipos de interés y el encarecimiento de las hipotecas. En aquel momento, se decidió incluir a los Códigos de Buenas Prácticas, vigentes desde 2012, nuevas variables como la consideración de ‘consumidores vulnerables’ de aquellos hogares en los que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el IPREM anual de catorce pagas (unos 25.200 euros anuales).
Esta consideración es determinante porque el acuerdo alcanzado entre Gobierno y entidades bancarias recoge que todas aquellas personas que se consideren como deudores vulnerables podrán solicitar la reestructuración de su préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante un periodo de carencia de 5 años; es decir, el Euríbor se mantiene congelado al -0,1% frente al 3,9% actual, durante el periodo de carencia. También se amplía el plazo en dos años para solicitar la dación en pago de la vivienda.
Otro de los aspectos relevantes del acuerdo es la ampliación del ámbito de actuación, pasando a considerarse que las familias con una renta inferior a 25.200 euros al año y que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca, puedan acogerse al Código con una carencia de 2 años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento de dicho periodo de hasta 7 años. También se contempla una reducción de los gastos y comisiones, con el objetivo de facilitar y abaratar el cambio de tipo variable a tipo fijo, y la eliminación durante todo 2023 de las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo.
