El BBVA vive con la amenaza de una imputación formal de la entidad como persona jurídica en el caso Villarejo. Pero las malas noticias no concluyen ahí. El Banco Central Europeo (BCE) está valorando, ahora, el cese de los consejeros imputados o salpicados por el excomisario, según recoge El Español. Un estudio tomado después de analizar las diversas herramientas de las que disponen.
Desde el banco siempre han alegado que desconocían los vínculos de ciertas personas del BBVA con la empresa de José Manuel Villarejo, Cenyt. Eso sí, la entidad ha mantenido siempre su estrecha colaboración con la Justicia. No obstante, la situación de la firma sigue en barrena y se complica.
El juez Manuel García Castellón, con total probabilidad, imputará al BBVA tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Esta situación, llevaría al Banco Central Europeo a analizar las consecuencias que esta situación dejaría sobre el ámbito de negocio del banco, su accionariado o la cotización.
Pese a que aún no se ha probado que Villarejo influyera sobre el precio de las acciones del BBVA o su actividad, el valor del banco en la jornada del miércoles se tiñó de rojo. No obstante, la caída de la entidad que antaño presidía Francisco González fue inferior al de resto de firmas de su sector.
Vías de actuación
Según lo que decrete García Castellón contra la entidad y sus miembros, el BCE podría actuar en consecuencia para avalar el buen gobierno. En esta situación de control, el máximo organismo podría basarse en el proceso de revisión y evaluación supervisora (SERP, en inglés). Se trata de una vía que impone recargos de capital a la entidad si no se gobierna de la forma adecuada, un método que amenazó al propio BBVA durante la sucesión de González.
Pero el BCE también podría valerse del fit & proper. Se trata de un método a través del cual podría reevaluar la aptitud de la cúpula del banco en cuestión. En el caso de que la responsabilidad recaiga sobre alguno de los ejecutivos del banco de forma directa, Frankfurt podría forzar la salida de estos.
La petición de Anticorrupción
Entre tanto, el Ministerio Público pretende imputar al BBVA como persona jurídica, basando su alegación en virtud del artículo 31 bis del Código Penal. Consideran que pudo incurrir en delitos de cohecho al contratar los servicios del excomisario cuando aún ejercía labores de funcionario público.
Esta petición se ha producido tras la comparecencia de una decena de cargos actuales y antiguos del banco, entre los que destaca el exconsejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad y hombre de Villarejo, Julio Corrochano. A este último se le impuso una fianza de 300.000 euros para eludir la cárcel que ya ha han sido abonados.
La gran mayoría de ellos optaron por acogerse al derecho a no declarar al estar bajo secreto de sumario el proceso. Además, el juez que instruye la causa pretende citarles tras el verano, cuando se levante el secreto.
