La caída del decreto ómnibus ha expuesto nuevas alianzas que ya se han visto en alguna ocasión reciente. El Partido Popular (PP) y Junts per Catalunya han vuelto a unirse en el Congreso de los Diputados para asestar un golpe al Gobierno, a costa de pensionistas y trabajadores, y siguen buscando ese acercamiento con el que Alberto Núñez Feijóo tentaba a los independentistas para presentar una moción de censura. La proximidad ideológica está muy cerca y muestra de ello es la coincidencia en el argumentario de personalidades como Isabel Díaz Ayuso y Carles Puigdemont.

Una vez retirada la hojarasca del nacionalismo, enarbolado tanto por el político catalán como por la madrileña, las propuestas de ambos no están tan alejadas. El expresident huido ha defendido que los pensionistas catalanes “deberían cobrar más” porque en Cataluña “el coste de vida es mayor”. “Nos gustaría que se les aplicase un correctivo al alza que compense el coste de vida, porque vivir en Cataluña es más caro que en muchas comunidades autónomas españolas", ha alegado el máximo mandatario de Junts tras votar contra el decreto ómnibus.

Un posicionamiento que ha hecho llevarse las manos a la cabeza a muchos españolistas afincados en la capital al considerar que el egoísmo intrínseco del nacionalismo, únicamente el catalán para esta turba, es un peligro para España. Sin embargo, estos mismos aplaudían hasta hacerse sangrar las manos cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid presentaba la misma postura. “El salario mínimo no debería ser el mismo para un agricultor de Extremadura que para un empresario de Madrid”, espetaba la líder neoliberal hace algo más de un mes, durante la Conferencia de Presidentes.

Sendas figuras políticas son de sobra conocidas en lo de menospreciar al resto de territorios españoles y creerse merecedores de un trato especial. La solidaridad interterritorial no va con ninguno de los dos y no tienen la necesidad de ocultarlo. Ambos alegan el “elevado coste de la vida” al reclamar estas excepcionalidades, pero ninguno ha implementado medidas durante sus mandatos, el de Ayuso aún vigente, para contener este encarecimiento. Deducciones fiscales a ricos y defensa de los intereses empresariales de grandes compañías, en eso también coinciden la líder de Madrid y Puigdemont.

Todo ello revestido de un nacionalismo regional y un antagonismo por contraposición territorial, que únicamente les distancia en kilómetros, que parece opacarlo todo para que la ciudadanía no conozca lo que hay detrás del telón. Pero lo cierto es que los dos partidos que ambos encabezan han votado en contra en el Congreso de los Diputados de revalorizar las pensiones, también la de madrileños y catalanes, o de la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que opera en todo el territorio. En su defensa, PP y Junts alegan que el decreto mezclaba muchas materias.

¿Qué pasa con las pensiones y el SMI?

Más allá de la búsqueda de responsable, lo cierto es que los pensionistas y los trabajadores más precarios se han visto damnificados. Rápidamente, tanto el PP como Junts han salido públicamente a garantizar que aprobarán una ley, esta vez sí, que contemple las variaciones que afectan a ambas materias. Los de Feijóo han llegado a presentar un proyecto de ley, que se aprobaría dentro de muchos meses, pero luce ante la galería.

La situación ahora es compleja para millones de personas. Los pensionistas cobrarán su nómina de enero con la revalorización, pero en febrero verán como ese 2,8% de ascenso, en torno a 40 euros al mes para la pensión media, desaparece (más en el caso de pensiones mínimas, no contributivas, de viudedad o IMV). Por lo menos si el Gobierno no prepara rápidamente otro decreto ley que vea la luz y frene esta situación. En el caso de los perceptores del SMI, se han quedado sin cuantía que establezca el sueldo mínimo que los empresarios tienen que pagar a los trabajadores que se ubican fuera de convenio.

No obstante, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha salido rápidamente al quite. El SMI se fija anualmente y no debe pasar por la Cámara Baja, dado que competencia exclusiva del Ejecutivo, pero en esta ocasión lo que se votaba era la prórroga del tope de 2024 hasta zanjar la negociación de 2025. Para evitar confusiones o malas praxis empresariales, la Dirección General de Trabajo ha emitido una instrucción que garantiza que las nuevas contrataciones no deben tomar como referencia un salario mínimo inferior al fijado en el SMI 2024. Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigilarán su cumplimiento.