La visita de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha finalizado este miércoles y, tal como ha confirmado su presidenta, Monika Hohlmeir, no se ha encontrado ninguna prueba que indique un posible fraude con los fondos europeos. “Desde luego que no”, ha respondido al ser preguntada en este sentido. Además, sobre la posibilidad de que esta auditoría perjudicase a la percepción de fondos por parte de España, variable que no depende de esta comisión, la europarlamentaria del Partido Popular (PP) europeo ha resuelto también en favor de España. “No hay perspectiva de cerrarle el grifo a España”, ha zanjado.
Finaliza así una visita tensa desde antes de su comienzo, situación que ha reconocido la propia presidenta de la comisión en referencia a las declaraciones que ella misma pronunció antes de desembarcar en España. “Los debates iniciales fueron bastante cargaditos, calentado músculo, pero nosotros, como comisión de control presupuestario, tenemos el cometido de verificar si el dinero del contribuyente se utiliza para el beneficio de la gran mayoría de la población, empresas y estructuras estatales”, ha resumido. Con un tono más moderado, aunque muy directo, Hohlmeir ha reivindicado, frente a los parlamentos nacionales, el derecho de la misión a “obtener informaciones y datos para cumplir nuestro cometido”.
Desempeño de España
La supervisora alemana ha reconocido el papel del Ejecutivo español, de igual manera que la aportación de las Comunidades Autónomas, en el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “No he tenido la impresión de que el Gobierno español quiera quedarse de brazos cruzado, lo vi muy comprometido”, ha asegurado. No obstante, no ha querido ir más allá y entrar en las “disputas entre países” sobre cual es el que mejor papel está desempeñando “porque luego se me enfadan el resto”, pero ha garantizado que allá donde vaya la comisión será crítica en pro de la mejora.
“Mi visión es que en los Estados miembros todos intentan asumir este reto de los fondos. Evidentemente, suceden errores y hay a veces diferencias en función de los diferentes partidos políticos, porque la democracia es algo vivo y no unívoco”, ha trasmitido a los presentes en la sala, “no venimos aquí para quejarnos ni a señalar por amor a la crítica, sino para que esto mejore, aun poniendo el dedo en la llaga, pero queriendo que el programa avance lo mejor posible”, ha trasladado. En el caso de España, los problemas señalados hacen referencia a las trabas administrativas, la transparencia en el reparto y una duda sobre cómo se combate la corrupción que podría darse en torno a los fondos.
“Hemos pedido al Gobierno los últimos cambios del Código Penal, para garantizar una legislación con el principio de cero tolerancia con la corrupción”, ha señalado en relación con la última cuestión. La líder de la comisión ha querido matizar esto después de que transcendiese su pregunta sobre la modificación del delito de malversación durante la reunión mantenida con la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. Su intención única, ha asegurado, es que los defraudadores, “que siempre están cuando aparecen los fondos”, no tengan vía libre, pero ni mucho menos “inmiscuirse” en el código español”.
Sobre la transparencia, ha abogado por la necesidad de explicar el flujo que sigue el dinero, algo que está generando una gran dificultad en todos los países, ya que, el flujo desde la Comisión Europea únicamente detalla el país, y una vez ahí, el flujo del país es “a tal región” o a “al ministerio de Sanidad”, ha ejemplificado, detalles insuficientes para garantizar el buen uso. “Seguimos sin saber dónde está el dinero, por eso para nosotros es necesario tener acceso a esos datos, para tener una visión clara y ordenada. Si queremos decidir de manera fundada necesitamos saber qué se ha hecho”, ha añadido.
En este sentido, a pesar de que los sistemas de control de fondos, tanto CoFFEE como Minerva, se encuentran ya operativos y funcionan, la “serie de retrasos" que se están sufriendo hacen necesario encontrar otros mecanismos para acceder a información. Para ello, ha recomendado una mayor interoperatividad y la permisión de que el Tribunal de Cuentas pueda disfrutar de un acceso permanente a estos sistemas.
Con respecto a la última crítica, la misión ha llamado a "quitar las trabas burocráticas" de los fondos con el fin de dar más apoyo a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que desempeñan "un papel fundamental en la economía española". "Hacemos un llamamiento para reforzar la cooperación público-privada como una manera de acelerar la aplicación de los fondos", ha recalcado Hohlmeier.
