La delirante visita de la comisión de Control de Presupuestario del Parlamento Europeo a España para, supuestamente, auditar el despliegue de los fondos europeos sigue dando que hablar. Después de conocerse el perfil de su polémica presidenta, Monika Hohlmeier, salpicada por acusaciones de corrupción, coacción y amenazas a compañeros de partido, amaño electoral y hasta atropello con fuga, el foco ha vuelto a situarse sobre la eurodiputada del PP europeo y su camarilla, entre la que se encuentran figural como el ultraderechista Jorge Buxadé (Vox), por el carácter de las cuestiones que plantearon en la tarde del lunes a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

La comisión, que realmente no audita a España, ya que, la evaluación de los desembolsos y de su distribución está a cargo de la Comisión Europea; ha mostrado mucho interés por el ordenamiento jurídico español, a pesar de no tener este nada que ver con los next generation. “¿Por qué rebaja España el delito de malversación?”, decidió preguntar Hohlmeier a Calviño, tal y como han confirmado fuentes presentes en la reunión a este periódico. La presencia de figuras como Javier Fernández Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Ayuso, tampoco dotaron de un carácter constructivo la reunión.

De hecho, el consejero de la Comunidad de Madrid volvió a esgrimir el tono bronco y destructivo que ya ha denunciado en anteriores el Ministerio de Economía, asegurando que no existe colaboración del Gobierno con las Administraciones Autonómicas. Este argumentario contrasta con las 139 Conferencias Sectoriales celebradas desde que se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el intercambio de misivas entre Madrid y el Gobierno central, la reunión entre la ministra y la presidenta autonómica o la puesta en marcha de proyectos conjuntos como el Centro Nacional de Neurotecnología. Además, fuentes del Ministerio recuerdan que Madrid es una de las autonomías que más fondos ha percibido y con más proyectos planteados incluidos en los PERTE o financiados con fondos transferidos.

No obstante, desde el Gobierno no han querido dotar de importancia el partidismo evidente de una comisión que, de forma efectiva, no tiene ninguna potestad para influir en la asignación, el reparto o el despliegue de los fondos europeos. Desde Asuntos Económicos aseguran que el tono que se ha intentado trasladar ha sido “cordial y constructivo”. El Gobierno ha transmitido su total colaboración para “facilitar el detalle del importante despliegue de los fondos europeos y el riguroso sistema de control y transparencia”, ha reiterado el Ministerio.

Desde Asuntos Económicos se ha facilitado a la Comisión la información solicitada sobre las licitaciones y convocatorias de subvenciones financiadas por los fondos y la ejecución del Plan de Recuperación, que la eurodiputada del PP aseguraba en entrevistas que el Gobierno se negaba a facilitar. "Iremos a España porque el Gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación. Espero que al menos nos den una lista de proyectos y la cantidad que se ha invertido en cada uno”, aseguraba Hohlmeier en una entrevista concedida a ABC que completó con una declaración de intenciones en OK Diario: "No hay mucho entusiasmo en el Gobierno español ante nuestra visita".

“Esta información está centralizada en la página web del Plan de Recuperación, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la Plataforma de contratación del Sector Público o los boletines de las Comunidades Autónomas, entre otras fuentes. Además, se sintetiza en los tres informes de Ejecución presentados y publicados”, recuerdan fuentes cercanas a Calviño, evidenciando lo tendencioso de las declaraciones de la eurodiputada del PP.  Los más de 23.300 millones de euros resueltos a cierre de 2022, que están financiando ya más de 190.000 proyectos, no resultan suficientes para una Comisión a la que no parece importar lo que a fondos europeos se refiere.

Reunión con la patronal, pero no con los sindicatos

La comisión también tenía agendadas reuniones con los agentes sociales, aunque no de igual manera con ambas partes. Mientras que CCOO, sindicato con más afiliados del país, no tendrá oportunidad de presentar sus aportaciones a Hohlmeier y UGT tan solo disfrutará de un pequeño encuentro de su división de Industria, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya ha disfrutado de su turno. La patronal ha planteado una mayor flexibilidad, agilidad y facilidad de acceso.

Así lo planteó este lunes el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz. “Resulta importante acelerar la llegada de fondos a las empresas, poniendo el foco en la facilidad para las PYMES y los autónomos”, señaló. En este sentido, ha criticado que de los 37.000 millones de euros que España  ha recibido en subvenciones, solo se han desplegado 23.300 millones en convocatorias y licitaciones, de los que el 45% han ido dirigidos al sector privado. Estas críticas confrontan con la posición de España en Europa, que encabeza el ranking de los Veintisiete en lo que a despliegue y concesión se refiere.