La alarma ha saltado en buena parte del grupo de bufetes de abogados que actualmente gestionan las demandas de indemnizaciones a las que podrían acceder los ganaderos, como consecuencia de la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a diez empresas lácteas por la presunta manipulación de los precios.

Estas diez empresas son las siguientes: Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual), Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, S.A., Industrias Lácteas de Granada (antes PULEVA FOOD), Schreiber Food España (antes SENOBLE IBERICA), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña.

Los bufetes ven cada vez más probable que la Audiencia Nacional anule la sanción o bien, proceda a una reducción considerable de la multa a las empresas y de las indemnizaciones a los ganaderos. Fuentes jurídicas aseguran que en medios próximos a la Audiencia Nacional se aprecia la escasa consistencia de las pruebas recogidas por la CNMC para justificar la sanción.

En un primer recurso planteado por las empresas afectadas, la multa fue reducida desde los 88,2 millones de euros a los 80,6 millones. Fuentes jurídicas señalan también que el histórico de decisiones de la Audiencia Nacional en recursos contra sanciones de Competencia demuestra que el Tribunal rechaza las sanciones o reduce las multas en la mayoría de los casos.

Las cifras más recientes, correspondientes a 2019, desvelan que la Audiencia Nacional anuló un 58,3% de las resoluciones revisadas por parte de Competencia. Además, redujo el importe de las multas con una rebaja del 86%. Solo en el 12,5% de los casos revisados, la Audiencia Nacional obligó a la CNMC a recalcular las sanciones.

Los honorarios también se reducirían

Las rebajas afectarían a las multas a las empresas y también a las indemnizaciones para los ganaderos. Esto supone que también reduciría de forma notable los honorarios de los bufetes de abogados que impulsan la demanda colectiva contra las empresas lácteas. Ahí es donde aparece el nivel de alerta y preocupación entre los despachos jurídicos.

La decisión de la CNMC permite a los ganaderos afectados pedir una indemnización del 10% del valor de la leche suministrada a dichas empresas entre los años 2000 y 2013. En cifras, el total de estas indemnizaciones podría ascender a los 1.200 millones de euros.

En este tipo de casos, los bufetes fijan sus honorarios acorde al éxito de la demanda y solicitan de media un 30% de los conseguidos por cada ganadero. Unos honorarios que rondan los 360 millones de euros y que ha provocado un aumento de los bufetes, con Eskariam, Redi, Gómez Acebo& Pombo, Balms Galicia, Álvarez&Álvarez y Caruncho Tomé& Judel a la cabeza.

Las estimaciones pasan por que alrededor de 14.000 ganaderos están adheridos a la demanda colectiva y algunos de estos despachos se dedican en exclusiva a gestionar sus casos. Por otro lado, fuentes cercanas al caso denuncian que desde los despachos se ha difundido la idea de que el simple acto de apuntarse a una demanda terminará con éxito y podrán recibir una indemnización.