La sanción impuesta por la CNMC a una decena de empresas del sector lácteo español por presuntos intercambios de información en los precios de la leche que compraban a los ganaderos ha provocado una avalancha de bufetes de abogados y fondos de inversión que compiten por la causa.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó en 2019 a Calidad Pascual (anterior Grupo Leche Pascual), Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone España, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (antes Puleva Food), Schreiber Food España (anterior Senoble Ibérica), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y al Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña con una multa de 80,6 millones de euros.
La multa respondía a presuntos intercambios de información sobre los precios de la leche que compraban a los ganaderos entre el año 2000 y el 2013. Esta decisión permitía a los ganaderos que se vieron afectados la reclamación de hasta un 10% de lo facturado a las empresas del cartel, siempre y cuando la Audiencia Nacional lo confirme. Por el momento, no se prevé que se produzca la confirmación de la resolución hasta al menos 2022.
Las demandas de los ganaderos se han tramitado a través de una veintena de despachos de abogados que en el último año han realizado una fuerte campaña de captación según un modelo estandarizado. Estos bufetes proponen a los afectados hacerse cargo de esta demanda, sin coste para ellos y con el pacto de unos honorarios en caso de ganar la sentencia, alrededor del 30% de lo que puedan conseguir, según afirma Servimedia.
Entre los principales despachos se encuentran Eskariam, Redi, Gómez Acebo & Pombo, Balms Galicia, Surco Consulting, Álvarez & Álvarez y Caruncho Tomé & Judel, según fuentes jurídicas. Incluso algunos se dedican en exclusiva a estas demandas colectivas.
Promesas a los ganaderos
Así, la cifra de honorarios que percibirían los despachos en caso de ganar el caso ha disparado la competencia por ganar ganaderos. Fuentes jurídicas denuncian que estos despachos han difundido la idea de que con el simple hecho de unirse a la demanda y dejarlo en manos de los bufetes los ganaderos recibirán una indemnización automática, dando por hecho que el caso ya está decidido.
Además, consideran que no hay suficiente claridad a la hora de explicar a los demandantes la complejidad del proceso y que las demandas deben estar respaldadas por un peritaje completo justificable.
Tampoco creen que hay claridad a la hora de especificar que las posibles indemnizaciones dependen aún de la confirmación de resolución por parte de la Audiencia Nacional y alertan de que las cifras de la posible indemnización son puramente especulativas, ya que dependerán del juez instructor de la demanda correspondiente.
Incluso denuncian que algunas de las conductas de los despachos han sido rechazadas por entidades supervisoras de publicidad, como sería el caso del bufete Eskariam. Las fuentes afirman que la estrategia comercial ha sido apercibida por Autocontrol, el organismo que supervisa la veracidad de la publicidad, por entender que las prácticas de Eskariam incluían publicidad engañosa.
En concreto, entienden que constituye publicidad engañosa al no demostrar lo que prometen, generan falsas expectativas al asegurar el importe de las indemnizaciones, incitan al pelito y constituyen un caso de publicidad denigratoria.
