Bajar el IVA de la luz del 21% al 10%, tal y como aprobará el Gobierno este mismo jueves en un Consejo de Ministros extraordinario, tendrá un impacto negativo de 1.300 millones de euros al año en las cuentas públicas. Así lo ha advertido la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero.

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La responsable de la autoridad fiscal ha participado en el seminario La economía de la pandemia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo este martes, donde ha alertado de que el nuevo Real Decreto Ley para reducir los impuestos de la factura eléctrica de forma urgente tendrá como consecuencia un fuerte impacto en las arcas públicas.

"Es verdad que esa rebaja podría suponer un aumento de la demanda, con lo cual podríamos estar hablando de una horquilla de entre 1.100 y 1.300 millones", ha explicado Herrero, que matiza que el cálculo del impacto “es un poco prematuro”. De cumplirse estas previsiones, este año supondría una recaudación entre 550 y 650 millones de euros menor, por entrar en vigor la medida a mitad del año.

El impacto calculado por la AIReF solo incluye la bajada del IVA sobre la electricidad del 21% al 10% y excluye la propuesta de suspender de forma temporal el 7% adicional que grava sobre la producción de electricidad. En caso de aprobarse también esta medida, el impacto supondría 1.000 millones de euros adicionales en la caída de la recaudación pública.

“Entra como ingreso pero también es un gasto que va a compensar el déficit tarifario, con lo cual ahí la incidencia en déficit no se produciría", ha explicado la responsable sobre esta segunda reducción. La presidenta de AIReF ha recalcado que al organismo solo le corresponde estudiar el impacto de las medidas del Gobierno sobre las cuentas públicas y ha evitado pronunciarse sobre la medida en sí.

Sin embargo, ha puesto en relieve que se trata de una medida temporal y matiza: "La temporalidad, en principio, no tiene por qué comprometer la sostenibilidad". "Cuando uno habla de la sostenibilidad de las cuentas públicas, está hablando siempre de una medida a medio plazo y nos preocuparía más la entrada de un gasto de carácter estructural, que es el que siempre decimos que hay que vigilar: una medida de gasto estructural requeriría una medida de compensación", ha explicado la experta.