La agencia de calificación de solvencia Standard&Poor's amenaza con degradar el rating de Cataluña a B, lo que supone hundirlo más en el bono basura y colocarlo al nivel de países como Zambia, Camboya, Jamaica, Ruanda o Camerún. En un comunicado oficial, S&P anuncia que coloca la actual calificación de la deuda de la Generalitat, situada en B+, en "perspectiva negativa" y que puede bajarla uno o dos escalones si persiste la actual "confrontación política" . S&P argumenta que "la confrontación política del Gobierno catalán con el Gobierno central de España ha aumentado tras el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de la región. Vemos riesgo de que esta escalada pueda afectar a la coordinación y la comunicación entre los dos gobiernos, que es esencial para que Cataluña pueda cumplir sus obligaciones de deuda en tiempo y forma".
El único que presta a cataluña, el Estado español
Con la calibicaicón de 'bono basura' sobre la deuda pública catalana, el Gobierno autonómico tiene imposible financiarse en los mercados internacionales. Sólo puede emitir deuda con autorización expresa del Ministerio de Hacienda que, a día de hoy es el único que financia a catlauña dado que a su vez el Banco Central Europeo es el que salva la deuda española con sus compras masivas. Si Catlauña se declara independiente, quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea y del euro hasta su hipotética readmisión. Mientras tanto nadie comparía su deuda. La Generalitat necesita autorización de Hacienda el próximo mes de noviembre para refinanciar un vencimiento de deuda de 290 millones de euros y de otros 540 millones en enero de 2018
S&P considera positivo que el Gobierno de españa haya vuelto a prestar dinero a la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero anuncian un descenso en la calificación "si creemos que las tensiones políticas entre el Gobierno de Cataluña y el central de España ponen en cuestión la refinanciación de los instrumentos de deuda a corto plazo de Catañuña o socavan la eficacia del apoyo financiero estatal".
El comunicado resalta que el referéndum se produjo pese a que el Gobierno central lo declaró ilegal y que "se ha informado que la Policía intentó frenarlo en varlas localidades" y que "tras estos acontecimientos ha aumentado la tensión social y política".
