La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha avalado este lunes la resolución presentada por el diputado letón Boriss Cilevics en la que se invita al Gobierno a reformar los delitos de sedición y de rebelión, se plantea el indulto de los presos del 'procés' e incluso se pide ir más allá y retirar la solicitud de extradición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Pese a las enmiendas presentadas por el PSOE, finalmente la resolución de Cilevics, en base a su informe '¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?', ha sido avalada por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. El diputado letón ha insistido en todo momento en que las penas impuestas por el Tribunal Supremo fueron "desproporcionadas".

El texto aprobado, además de respaldar la decisión ya anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a los presos del 'procés' y reformar los delitos de rebelión y sedición, defiende que "considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero que están buscados por los mismos motivos".

Asimismo, se plantea a las autoridades españolas que "se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos".

Contrario a la independencia judicial

El PSOE había pedido expresamente suprimir este punto. "Esto no puede hacerlo el Gobierno porque es una competencia judicial" y, por tanto, "sería contrario a la independencia del poder judicial, a la separación de poderes", ha defendido el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones. "El Gobierno no puede incumplir una sentencia o una resolución judicial", ha recalcado.

Respecto a la reforma de los delitos de rebelión y sedición, la resolución plantea que se haga de forma "que no puedan ser interpretados como para deshacer la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, que buscó el Legislativo cuando abolió este delito específico en 2005, o llevar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas", como Cilevics considera que ha sido el caso, similares a las que se imponen "por asesinato o violación", ha dicho en su intervención.

Los socialistas querían cambiar este punto decantándose por "reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal modo que no puedan llevar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas".

En cuanto a los indultos, el diputado letón ha dicho en su defensa de la resolución que si en su momento se pudo indultar a los responsables del 23-F "por qué no ahora". El texto anima a las autoridades españolas a que consideren "indultar o de lo contrario liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y las multitudinarias manifestaciones masivas relacionadas con este".

El Financial Times, a favor de la medida de gracia

Los indultos son para el diario británico conservador 'Financial Times' como "una oportunidad a la reconciliación", tal y como indican en un editorial sobre la medida. Para el periódico considerado como la “biblia mundial de las finanzas", la iniciativa de Sánchez es "un intento encomiable de abrir un camino a la reconciliación y a la coexistencia dentro de Cataluña y entre esa región del noreste y el resto de España".

El influyente medio califica los indultos de "movimiento valiente" por parte del jefe del Ejecutivo, y recuerda que el perdón cuenta con el rechazo de la oposición de derechas, de la judicatura y de algunos barones del PSOE. "Podría no funcionar, pero Sánchez hace bien en intentarlo", indican.

Exteriores expresa un "reproche general" al informe del Consejo de Europa y ve "incoherentes" varias recomendaciones

El Gobierno ha trasladado que mantiene un "reproche general" al informe que también invita al Ejecutivo a reformar los delitos de sedición y de rebelión e incluso pide retirar la solicitud de extradición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El Ministerio que dirige Arancha González Laya ha señalado en un comunicado que, "aunque en sus conclusiones el informe avala la actuación del Estado y reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la Constitución y de la legalidad", consideran "incoherentes las recomendaciones que instan al Ejecutivo a detener procesos judiciales y extradiciones pendientes, algo que choca con el respeto al principio de separación de poderes".

El informe sobre si "los políticos deberían ser procesados por sus declaraciones en el ejercicio de sus mandatos", cuyo objeto era el análisis de España y Turquía, ha evolucionado mucho en las últimas semanas en favor de posiciones más matizadas y respetuosas de la democracia y del funcionamiento del Estado de derecho en España. En este sentido, Exteriores ha señalado que "varias de las recomendaciones forman parte de la política diseñada por el Gobierno desde hace tiempo" para encontrar una vía que permita el reencuentro entre catalanes y entre los catalanes independentistas y el resto de los españoles, "como son la apertura del diálogo o la concesión de indultos", ha deslizado.

"No obstante, persiste el vicio de origen de tratar los casos de España y de Turquía de manera conjunta, y de presumir que los líderes catalanes independentistas pudieron ser procesados por expresar sus ideas", ha añadido la cartera de González Laya.