La titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid ha comenzado la instrucción judicial contra la presunta mafia policial que ofrecía a altos cargos venezolanos supuestas influencias en la Administración a cambio de grandes sumas de dinero e información de Podemos. La magistrada ha citado a declarar al exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Ochoa Alvarado, como presunto perjudicado de la red policial. La juez ha decidido empezar por las declaraciones de los perjudicados, dejando para octubre las declaraciones de los imputados.
En una providencia firmada por la juez, Cristina Díaz Márquez, el lunes, además de a Ochoa Alvarado, también ha citado como testigo al exdirector de los servicios de Inteligencia de Venezuela, Carlos Aguilera.
En esta causa judicial constan como imputados 13 presuntos miembros de la red policial. Todos ellos están acusados como supuestos autores de los delitos de estafa y/o extorsión, y declararán el próximo 6 de octubre. También constan 30 empresas investigadas para las que la juez todavía no ha puesto fecha de declaración.
En el marco de las diligencias, y según recoge la providencia, la magistrada ha acordado dar traslado a la Fiscalía del escrito por el que Podemos ha pedido ejercer la acusación particular en la causa al considerarse perjudicado de las actuaciones de la presunta red policial de estafa. Además, la magistrada ha solicitado a la formación 'morada' que concrete varias de las alegaciones que realizó en su escrito.
Según consta en la providencia, también está previsto que la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Judicial realice un volcado de la información extraída por Asuntos Internos de la Policía Nacional de los dispositivos informáticos de uno de los abogados investigados en el procedimiento, el letrado José Martín Aliste.
La Brigada Antiblanqueo, en sus informes, explica que el papel desempeñado por Martín Aliste en la trama investigada consistió en "contactar con ciudadanos venezolanos vinculados a operativas de blanqueo de capitales para ofrecerles sus servicios" y, además, "hacer valer su supuesta capacidad para influir en funcionarios policiales y de instituciones para que lograsen beneficios como la libre apertura de cuentas bancarias en España o la obtención de permisos de residencia o incluso la nacionalidad". Por sus servicios, el acusado habría recibido "no menos" de 1,1 millones de euros. De acuerdo a las pesquisas realizadas hasta ahora por las autoridades policiales, la red está conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar.
La trama
Los ahora acusados se habrían aproximado a varios venezolanos que estaban relacionados con actividades de blanqueo "con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales -Sepblac-- o la propia Policía Nacional", para "solucionar los problemas" que tendrían por estar investigados, según los informes que obra en la causa.
Además de pedirles dinero a cambio de dichas "influencias", los miembros de la red policial también estaban "interesados" en que se les proporcionase "información sobre el partido político Podemos y sus posibles vínculos con Venezuela, entre otras informaciones".
La red policial ahora investigada habría contactado, entre otros, al exviceministro de Venezuela Energía, Nervis Villalobos; a la extesorera del país sudamericano y enfermera del presidente fallecido Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén; y al exjefe de Seguridad del mandatario bolivariano, Adrián José Velásquez Figueroa. Todos ellos han sido investigados por presuntos delitos de blanqueo; los últimos dos han sido extraditados a Estados Unidos.
