El juez del juzgado de instrucción número 13 ha desencadenado la fase de la movilización popular al ordenar la entrada de la Guardia Civil en diversos despachos del Gobierno catalán y la detención de varios altos cargos del departamento de Economía en busca de pruebas de la organización del referéndum del 1-O. Esta operación policial y la intervención económica de la Generalitat decidida por el ministro Montoro (en una iniciativa discutida y pendiente del Tribunal Supremo) ha sido interpretada por el gobierno catalán, los partidos y las entidades soberanistas como una suspensión de facto de la autonomía. La reacción preparada para la aplicación del artículo 155 se ha puesto en marcha aún sin haberse producido, adelantando algo los acontecimientos y forzando un poco más los argumentos.

La ofensiva policial se produjo a las pocas horas de haberse requisado las más de 50.000 cartas dirigidas a los ciudadanos que debían formar las mesas del referéndum y coincidiendo con la intervención de más de un millón de papeletas, actuaciones que afectan muy seriamente a la logística de la convocatoria. El presidente Puigdemont, en su comparecencia, ha mantenido dicha convocatoria pero acentuando el nuevo carácter del 1-O: la defensa de la democracia y de las instituciones de Cataluña. En su opinión, el estado “ha ultrapasado la línea roja del totalitarismo y el autoritarismo”.

Este nuevo eslogan sitúa la movilización en el escenario preferido de Ada Colau: deja la independencia en segundo término para dar prioridad a la batalla contra Rajoy, por su “deriva represora y autoritaria” y en defensa del autogobierno de Cataluña y el diálogo. Así lo dijo en su comparecencia la alcaldesa de la capital catalana. Rajoy es el nuevo objetivo prioritario y en este punto las coincidencias y los apoyos políticos afloran con mucha más fluidez que cuando se habla de procesos de independencia. Ninguna opción debe descartarse, incluso la reactivación de la moción de censura.

La respuesta popular al llamamiento de las entidades y partidos ha sido automática, situándose el foco central en las proximidades del departamento de Economía, en el cruce de Rambla Catalunya con Gran Via. Esta concentración va a crecer en las próximas horas, a la espera de poner a prueba la capacidad de resistencia de los manifestantes para convertirla en permanente. Jordi Sánchez, el presidente de la Assemblea Nacional, ha dado por inaugurada la etapa de la resistencia pasiva, tras lo que ha calificado de nuevo 23-F.

Barcelona se convierte en el epicentro del conflicto, mientras los más de 700 alcaldes que han anunciado su predisposición a colaborar en la organización del 1-O van compareciendo ante las diferentes fiscalías territoriales, la mayoría negándose a declarar y el resto, los pertenecientes a la CUP, anunciando su intención de no acudir a la cita. Paralelamente, los alcaldes que han negado su colaboración con el referéndum viven diferentes episodios de acoso.

La fractura política se está consolidando a gran velocidad, a la espera de comprobar si la nueva orientación de los discursos consigue fijar un objetivo de reivindicación suficientemente compartido y mayoritario entre el catalanismo político como para modificar la correlación de fuerzas. Lo único que no se espera es la rectificación de la línea de ataque elegida por Rajoy en su defensa del estado de derecho, aún a costa de provocar en dicho estado un agujero de derecho de graves dimensiones. La vía del diálogo queda cada día más lejos.