Los vecinos de Monterde, el pueblo zaragozano afectado por las inmatriculaciones realizadas por el alcalde, siguen con su lucha y no están dispuestos a dejar que se olvide su causa.
Este mismo domingo 19 de octubre volverán a manifestarse, en este caso en Calatayud. La Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde ha convocado una marcha que partirá a las 10.30 horas de la calle Galdar número 7, situado frente a la sede del PP, y que finalizará a las 12.30 en la Plaza del Fuerte.
El objetivo, subrayan desde la agrupación, es "recordarle al Partio Popular y a los cargos más próximos y de más responsabilidad al primer edil, al senador José Manuel Aranda y a la Directora General de Administración Local, Marina Sevilla, que sus respectivos cargos les obligan a buscar la verdad y la justicia, NO a proteger a un compañero de partido por mucha amistad que les una a él".
Más de 200 propiedades inmatriculadas
Cabe recordar que estos vecinos llevan muchos meses luchando contra el procedimiento llevado a cabo por el alcalde José Gracia, por el cual más de 200 propiedades, entre viviendas, campos y bodegas han pasado a pertenecer al Consistorio.
El proceso, defienden desde la asociación, ha estado plagado de irregularidades y va mucho más allá de un conflicto vecinal pues pone "peligrosamente en entredicho el derecho a la propiedad privada y señala el camino a posibles caciques y corruptos para perpetrar actuaciones similares".
La liebre se destapó cuando falleció Marcelina, una vecina del pueblo y su familia fue a arreglar la herencia. Entonces se encontraron con que su propiedad había pasado a pertenecer al Consistorio. A partir de ahí comenzó esta intensa batalla que acumula movilizaciones, paso por la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos del Congreso de Aragón y por el Congreso de los Diputados, y juicios, pues, si bien en un principio los afectados confiaban en que todo se pudiera resolver de forma sencilla, no ha sido así.
El alcalde, por su parte, siempre ha defendido que "lo único que ha hecho el Ayuntamiento es regularizar una documentación muy antigua" existente en el Consistorio. Ha negado cualquier tipo de irregularidad y ha asegurado que "lo único que he hecho es coger el inventario de bienes y llevarlo para que lo regularicen y lo dejen en condiciones".
Un alcalde con causas abiertas
Pero el de las inmatriculaciones no es el único problema al que se enfrenta el primer edil de Monterde, José Gracia. El pasado mes de septiembre el Juzgado de Instrucción nº1 de Calatayud, Álvaro Sáez, dictó la apertura de juicio oral contra él por presunta prevaricación administrativa y fraude electoral.
Se le acusa de haber incluido de forma irregular en el censo a un total de 14 personas, alguna de las cuales, "no han residido nunca de forma habitual” en la localidad. Otras cinco, solo se desplazaban hasta allí “para el ejercicio de la caza" y tres viajaban desde Santander para ejercer su actividad profesional. Todas estaban censadas en el mismo inmueble, una vivienda, según figura en el auto, “absolutamente imposible de habitar”; “una casa en ruinas”. Posteriormente lo habrían hecho en otra “de apenas 50 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, con una habitación superior que ni siquiera tenía ventanas”.
En las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, los comicios en los que Gracia salió reelegido, votaron doce de esas personas; nueve lo hicieron en las generales de julio de ese mismo año y cinco en las europeas del 9 de junio de 2024.
Aunque el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional de la causa, al entender que no estaba "debidamente acreditada la perpetración de los hechos delictivos denunciados y recogidos en atestado” y que los presuntos hechos debían resolverse por vía administrativa, el magistrado decidió seguir adelante. En este sentido, argumentó que "la correcta formación del censo electoral y el adecuado desarrollo de los procesos electorales afectan a bienes jurídicos colectivos y, por tanto, justifican la legitimación de la acusación popular", representada por la Asociación de Perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde, que solicita para Gracia hasta 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, dos años de prisión y multa, con una cuota diaria de diez euros.
